Ni amenazas ni intimidaciones para afectar las próximas elecciones regionales pidió Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo a los diversos grupos armados que operan en el país, pues a su juicio, «ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos».
«Los verdaderos gestos de paz no se construyen sobre la base de las amenazas, ni mucho menos generando temor y zozobra a quienes democráticamente desean participar en los comicios regionales de octubre próximo. Rechazamos las recientes declaraciones del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que cada vez más, con anuncios de esta naturaleza, se aparta de lo que por décadas han clamado los colombianos: tener tranquilidad y paz en sus territorios, poder movilizarse libres de eventuales represalias no solo en época electoral, sino en cualquier época del año«, afirmó el Defensor del Pueblo.
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La Defensoría del Pueblo, hace contadas semanas, lanzó el ‘Plan integral de atención y prevención del escenario de riesgo electoral’ cuyo objetivo se centra en atender lo que han enfrentado, y pueden enfrentar, las comunidades en el desarrollo de las campañas.
“A los gobernadores del país les propusimos trabajar en conjunto con nuestro Sistema de Alertas Tempranas para advertir las posibles vulneraciones de derechos humanos y así enfrentar, valga subrayarlo, como Estado todas las situaciones que maniatan a candidatos, partidos y población en general en los territorios. Sea esta la oportunidad para consolidar, región por región, la información que nos permita advertir los riesgos”, explicó Carmago Assis.
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En su opinión, hay que continuar construyendo la alerta temprana nacional, dada la coyuntura y a la que se comprometieron todos los gobernadores, es clave para impedir que los grupos armados ilegales impongan su “ley”: “Ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos. No podemos permitir que los criminales se salgan con la suya en el marco de un certamen democrático”.
La posición del Estado Mayor Central (EMC) radica en que ninguna persona puede hacer campaña en las zonas del suroccidente y sur del país donde delinquen sus hombres armados, con el argumento de que su líder guerrillero, alias Iván Mordisco, no estuvo de acuerdo con la reciente decisión del Gobierno Nacional de dar por terminado el cese al fuego con esa disidencia en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El anuncio del Ejecutivo se debió al reclutamiento y asesinato de cuatro menores de edad del pueblo indígena Murui, hecho que fue condenado por la Defensoría del Pueblo.