La Contraloría General de la República lanzó una advertencia especial al Ministerio de Salud y Protección Social por los riesgos que enfrenta la ejecución de recursos públicos destinados a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en el país.
El organismo de control alertó sobre posibles pérdidas de dineros del sistema de salud, en medio de retrasos, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras.
De acuerdo con el seguimiento realizado durante el primer semestre de 2026 por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, al 30 de junio el Ministerio registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización. Esta situación, según el organismo de control, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia, seguimiento y control sobre el destino de estos recursos.
La revisión fiscal incluyó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, a los cuales se les asignaron recursos por $1,03 billones. Sin embargo, los resultados encendieron las alarmas: 22 proyectos, que representan inversiones por $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % del valor de la muestra, presentan situaciones que requieren especial vigilancia fiscal.
El panorama también genera preocupación por el avance de las obras. Según los resultados del seguimiento, apenas el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados.
El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, reiteró la preocupación del organismo por el riesgo de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ante las dificultades identificadas en la ejecución de los proyectos hospitalarios.
La advertencia pone nuevamente sobre la mesa los interrogantes acerca del destino de los millonarios recursos destinados a fortalecer la infraestructura hospitalaria y la capacidad de respuesta de las instituciones de salud.
La Contraloría busca que el Ministerio de Salud refuerce los controles sobre estos dineros y adopte las medidas necesarias para garantizar que las inversiones se ejecuten, las obras lleguen a buen término y los recursos públicos cumplan su propósito: mejorar la atención de los pacientes en Colombia.
