La crisis bancaria, las protestas de ahorristas y la pérdida del respaldo de su partido precipitaron la decisión. El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo para completar el mandato hasta agosto de 2028.
Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad relacionada con sus antiguos vínculos empresariales y receptora de recursos públicos durante su administración. El anuncio se produjo mientras el Congreso avanzaba en un proceso de juicio político en su contra.
En un video difundido en redes sociales, Peña sostuvo que su decisión busca preservar la estabilidad institucional y la paz social. También pidió disculpas por las ocasiones en las que pudo haber fallado a la ciudadanía y expresó su preocupación por quienes no pueden disponer de sus ahorros.
“Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay”, manifestó en el mensaje.
La dimisión llegó después de que la noche anterior la Presidencia negara las versiones sobre una eventual salida y asegurara que el mandatario continuaba atendiendo la situación de los depositantes.
Qué pasó con Ueno Bank
El Banco Central del Paraguay informó el 3 de noviembre que había dispuesto iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank mediante una decisión adoptada el día anterior. La autoridad encontró que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, después de ajustar sus estados financieros.
El procedimiento contempla la intervención para verificar el patrimonio, preservar los activos y proteger a los depositantes. El Banco Central afirmó que la situación era particular de esa entidad y no una condición generalizada del sistema financiero.
La crisis alcanzó al Gobierno por los vínculos empresariales previos de Peña y por los fondos de instituciones públicas depositados en el banco. Los legisladores cuestionaron posibles conflictos de intereses y el manejo de recursos previsionales.
Según Reuters, la entidad administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos y su colapso dejó a alrededor de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas. La agencia también reportó la detención de ocho directivos. Peña negó irregularidades relacionadas con su antigua participación en Grupo Vázquez, anterior propietario del banco.
El Ministerio Público paraguayo confirmó una investigación penal y la detención de directivos, a partir de una denuncia presentada por el Banco Central. Las actuaciones buscan establecer las responsabilidades individuales por los hechos investigados.
El respaldo del Partido Colorado se quebró
Peña enfrentó la crisis sin el apoyo político que había sostenido su administración. El Partido Colorado anunció que acompañaría el juicio político, mientras sectores del oficialismo reclamaban una respuesta por el dinero de los ahorristas.
El expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana y promotor de la candidatura de Peña, se reunió este jueves con Pedro Alliana para abordar la sucesión, según ABC Color. El encuentro se produjo después de semanas de distanciamiento dentro del oficialismo.
La renuncia tampoco frenó inmediatamente el trámite parlamentario. Associated Press informó que la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a cero la acusación contra Peña, minutos después de su anuncio. Ese paso remite el proceso al Senado; no equivale por sí mismo a una destitución definitiva.
Protestas por los ahorros y reclamos contra el Gobierno
La crisis bancaria se trasladó a las calles de Asunción. Los manifestantes reclamaron la devolución de sus depósitos y exigieron responsabilidades políticas frente al Congreso. Las movilizaciones incluyeron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases y un carro hidrante, según los reportes de la jornada.
Este jueves también protestaron trabajadores de Ueno y de empresas vinculadas al grupo propietario, quienes reclamaron salarios pendientes y liquidaciones laborales.
El equipo interventor del Banco Central informó que realiza gestiones para atender las obligaciones laborales y prevé efectuar las liquidaciones correspondientes en los próximos días.
Quién reemplazará a Peña y por cuánto tiempo
El vicepresidente Pedro Alliana es el sucesor constitucional. La formalización del relevo requiere completar las actuaciones institucionales correspondientes a la renuncia y la toma de posesión.
El artículo 234 de la Constitución establece que el vicepresidente electo asume cuando la Presidencia queda vacante y ejerce hasta finalizar el período constitucional. Por tanto, Alliana está llamado a completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028, no a actuar únicamente como encargado mientras se convocan nuevas elecciones.
Al producirse la vacancia de la Vicepresidencia durante los dos últimos años del período, corresponde al Congreso designar a su reemplazo por mayoría absoluta.
Alliana, nacido en Pilar el 19 de febrero de 1974, tiene 52 años. Fue gobernador de Ñeembucú, diputado y presidente de la Cámara de Diputados antes de integrar la fórmula presidencial ganadora de 2023.
El pedido inicial de juicio político también lo incluía, una circunstancia que añade tensión política al relevo, aunque su situación debe distinguirse del trámite contra Peña.
Quién es Santiago Peña y cuándo llegó al poder
Santiago Peña Palacios nació en Asunción el 16 de noviembre de 1978 y tiene 47 años. Es economista de la Universidad Católica de Asunción y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia.
Su trayectoria incluye cargos en el Banco Central del Paraguay, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda, que dirigió entre 2015 y 2017. Su carrera electoral se desarrolló dentro del Partido Colorado, con el respaldo del movimiento Honor Colorado.
Fue elegido el 30 de abril de 2023, en fórmula con Alliana, y se posesionó el 15 de agosto de ese año. Su mandato debía extenderse durante cinco años, hasta agosto de 2028. Al presentar su renuncia había ejercido durante tres años y dos meses.
La salida abre una transición política mientras continúan las investigaciones por Ueno Bank y los reclamos de quienes esperan recuperar sus recursos. La determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales.