Las Comisiones Económicas del Congreso de la República, de las que hago parte, le archivamos al Gobierno del Presidente Petro, en el mes octubre, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación y ahora en el mes de diciembre la mal llamada Ley de Financiamiento. Se trata de dos decisiones muy importantes para el País, las cuales además de encontrarse íntimamente relacionadas, denotan de parte, del Congreso: responsabilidad y sensatez, no así por parte del Gobierno Nacional.
Ante vicisitudes como la primera, el Presidente de la República puede adoptar el Presupuesto General de la Nación, por decreto, lo que se conoce como dictadura fiscal, como en efecto lo hizo, al expedir el Decreto No. 1523 del 18 de diciembre de 2024. Frente a lo segundo, al no poder establecer impuestos por decreto, y no poder contar con los 12 Billones de pesos adicionales que pretendía, tendrá necesariamente que adoptar medidas, reduciendo de entrada partidas del gasto público proyectado, justamente en cuantía de los 12 Billones de pesos que no fueron autorizados por el Congreso de la República.
El presupuesto desfinanciado del Gobierno Nacional para 2025, no solo refleja una grave crisis fiscal, sino que también evidencia la improvisación y la falta de responsabilidad con las que se están manejando la finanzas públicas del país.
Los pretendidos $ 523 billones de pesos para el 2025, constituían una clara utopía. Esta afirmación no resulta peregrina. Recordemos que el proyecto de Presupuesto de 2025 se calcula con base en el Presupuesto de 2024, el cual fue de 502.6 Billones de pesos. Pero en lo que va corrido de este año 2024, el gobierno ha tenido que reducir el presupuesto actual, primero en 20 Billones, y recientemente a través del Decreto No. 1522, en 28.4 Billones, por el bajo recaudo, lo que significa en últimas que el Presupuesto de 2024 que se está ejecutando quedará en 454.2 billones de pesos aproximadamente. Él pretendido saltó entonces no era de 502.6 Billones a 523. Sino de 454.2 billones a 523 billones. Algo clara y realmente inverosímil, irracional y desproporcionado. Cómo quien dice, aun los 511 Billones de pesos con los que contará el Gobierno Nacional para el 2025, siguen siendo un monto demasiado ambicioso, si se tiene en consideración el bajo recaudo de 2024, y anticipamos desde ya, que el próximo año al no mejorar el recaudo, por los permanentes y sistemáticos mensajes emanados del gobierno que generan incertidumbre, tendrá el mismo gobierno nacional que hacer lo propio, esto es, reducir el presupuesto adoptado en el marco de la dictadura fiscal.
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El hecho de que el Presupuesto de 2025 haya sido adoptado por decreto en esta oportunidad y no a través de una Ley de la República, genera además un mensaje y un ambiente de desconfianza en el entorno internacional, con implicaciones económicas, pues más allá de la autorización constitucional para que el Presidente lo adopte en determinados casos por decreto, ese, no es el DEBER SER en un sistema democrático. Lo deseable es que los presupuestos sean aprobados por quienes representan la voluntad popular, esto es, por el Congreso de la República.
Debo decir, que el presupuesto desequilibrado, adoptado por decreto, y que pretendía equilibrarse con la archivada y mal llamada Ley de financiamiento, desde su concepción, adoleció de errores técnicos que evidenciaban falta de transparencia y dificultades en su ejecución. Uno de dichos aspectos, es la omisión en la discriminación del gasto de inversión, un mandato claro de la legislación nacional. La falta de detalle sobre el destino específico de los recursos, perpetúa una práctica de asignación discrecional que compromete la confianza pública y limita la capacidad de supervisión por parte del Congreso de la República. Esta tendencia, que ya se ha convertido en costumbre, parece responder a una estrategia del Gobierno Petro para operar sin mayores presiones, sin mayores controles, pero a costa de sacrificar la transparencia y la planificación. El hundimiento de la ley de financiamiento, que pretendía recaudar $12 billones, agravó la situación.
La incapacidad del Ejecutivo para garantizar su aprobación demuestra una preocupante falta de liderazgo. Resulta irónico que hayan sido los mismos congresistas de la coalición oficialista quienes eliminaron el artículo 13 que gravaba a los juegos suerte de azar en línea, evidenciando una desconexión entre las intenciones del Gobierno y las acciones de sus aliados. Es inevitable señalar cómo el Gobierno, fiel a su modus operandi, ha buscado trasladar responsabilidades a terceros, culpando ahora a la acción de «oscuros intereses» dentro del Congreso, particularmente relacionados con los juegos de suerte y azar llamados por el gobierno ilegales. Este hecho desnuda una contradicción entre el discurso gubernamental y las acciones de sus aliados, dejando en claro que las fallas de este presupuesto no son responsabilidad de factores externos, sino de una falta de cohesión y de liderazgo dentro de sus propias filas.
Por lo demás, la Constitución en su artículo 346 es clara al exigir que el presupuesto debe presentarse, dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, lo cual no ocurrió, por qué no se respetó el Marco Fiscal del Mediano Plazo. Ello me lleva a sostener, que el Gobierno no podía adoptar el proyecto de presupuesto presentado a consideración del congreso y que se archivó, sino que lo que tenía que hacer era repetir el presupuesto del año anterior, conforme lo enseña y lo indica la parte final del artículo 348 de la Constitución Política de Colombia, pues debió darse por no presentado. Esta alternativa, aunque menos deseable, habría garantizado un cumplimiento más estricto de los principios constitucionales y habría evitado el desbalance actual.
