La entidad identificó que existe una precariedad interinstitucional en la gestión y atención de población migrante en tres municipios nariñenses, entre los que se encuentran: Pasto, Ipiales y Taminango.
La Defensoría del Pueblo llevó a cabo este viernes 15 de septiempre en la ciudad de Pasto, una mesa de trabajo con diferentes líderes migrantes y con la Secretaría de Salud de Nariño donde se trajeron a colación diferentes problematicas y retos que atraviesa la población migrante que se dirige por el corredor de la vía Panamericana de ese departamento. La falta de garantías y de respeto a los derechos humanos de los migrantes preocupa a la entidad.
El Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, a través de una declaración, hizo hincapié en la falta de suministro de cifras exactas por parte de las entidades territoriales del departamento de Nariño sobre población migrante que se encuentra en esa zona del país. También demostró su preocupación ya que las entidades públicas no cuentan con una capacidad presupuestal y técnica de respuesta concreta para atender la demanda de migrantes que ingresa al departamento.
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La poca disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, atención en salud y saneamiento, fueron unas de las tantas problemáticas que resaltó el Defensor del Pueblo en su declaración.
Por último, el Defensor hizo un fuerte llamado sobre la posible instauración de acciones constitucionales que protejan los derechos de estas personas:
Con la Delegada de la Defensoría del Pueblo para la atención de los Derechos Humanos y la Regional Nariño construimos un diagnóstico para presentarle a la Mesa Departamental de Migraciones. También se evalúa la posibilidad de interponer acciones constitucionales para que la población migrante sea protegida como lo ordena la normatividad colombiana.
Vea las declaraciones del Defensor Camargo aquí:
