El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, defensor del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, pidió a la Fiscalía acelerar la investigación por el proyectil y los impactos encontrados en el despacho del procurador Pedro Luis Bonilla, ubicado en el piso 26 de la Procuraduría. La defensa solicita determinar técnicamente el origen y trayectoria de los disparos y que su cliente sea escuchado en declaración jurada, después de que el episodio fuera relacionado públicamente con la condena que la Corte Suprema le impuso en abril.
Un nuevo capítulo se abre alrededor del proyectil y los impactos encontrados en los ventanales del despacho del procurador primero delegado para la Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
La defensa del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, acudió formalmente ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para pedir que la investigación avance con celeridad y que sean practicados estudios balísticos que permitan determinar si se trató de un ataque dirigido contra el funcionario o si los proyectiles pudieron provenir, por ejemplo, de disparos al aire, caída o rebote.
La solicitud está contenida en un memorial de seis páginas firmado por el abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, apoderado de Gómez Cerchar, quien además puso a su cliente a disposición de la Fiscalía y pidió que sea escuchado en declaración jurada.
“Acudo respetuosamente ante su Despacho con el fin de solicitar la práctica de los actos de investigación que a continuación se relacionan y de dejar expresa constancia de la posición de mi representado frente a los hechos que son objeto de indagación”, señala Criollo en el documento dirigido a la fiscal general.
El proyectil encontrado en el piso 26 de la Procuraduría
El episodio que originó la controversia ocurrió en el despacho del procurador Pedro Luis Bonilla, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación.
Los primeros días de septiembre se conoció que en la oficina había sido encontrado un proyectil y que los ventanales presentaban impactos. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y la Fiscalía y la Dijín asumieron análisis para establecer el origen de los disparos.
La situación adquirió una dimensión mucho mayor porque Bonilla había intervenido ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dentro del proceso contra Gómez Cerchar y había solicitado casar la decisión que lo había favorecido y condenarlo.
En su memorial, la defensa resume el episodio:
“Según se ha difundido ampliamente en medios de comunicación, en el despacho del Procurador Primero Delegado para la Casación Penal —ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación— fue hallado un proyectil e impactos en los ventanales”.
La situación fue comunicada a la Corte y quedó incorporada en el Oficio JJUM-0085 del 2 de septiembre de 2026, que dio lugar a una alerta sobre la seguridad de funcionarios que intervinieron en el proceso, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué tiene que ver el caso de ‘Kiko’ Gómez?
El nombre del exgobernador comenzó a aparecer públicamente alrededor del episodio debido al contexto de presuntas amenazas y a la condena adoptada meses atrás por la Corte Suprema.
El 29 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal decidió un recurso de casación y dejó vigente la condena contra Gómez Cerchar por el homicidio agravado del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta. La decisión restableció la responsabilidad que había sido declarada en primera instancia y que posteriormente había sido revocada por el Tribunal Superior de Bogotá.
La pena es de 31 años y ocho meses de prisión. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala.
El procurador Bonilla intervino precisamente en ese trámite y solicitó a la Corte casar la sentencia y condenar al acusado. Por ello, cuando apareció el proyectil en su oficina, magistrados de la Sala Penal expresaron preocupación por una eventual relación entre ambos episodios.
Sin embargo, hasta ahora esa eventual relación constituye una hipótesis que debe ser esclarecida por las autoridades y no una responsabilidad judicialmente establecida de Gómez Cerchar frente a los disparos.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales del memorial de Criollo.
La defensa sostiene que los hechos “han sido vinculados públicamente, de forma reiterada y masiva, a la condena proferida contra Juan Francisco Gómez Cerchar 29 de abril de 2026” y asegura que esa narrativa ha generado señalamientos contra su representado.
‘Kiko’ Gómez pide ser escuchado por la Fiscalía
La primera petición concreta presentada por Criollo es que la Fiscalía escuche directamente a Gómez Cerchar.
“Solicito, en primer lugar, que se cite y se escuche al señor Juan Francisco Gómez Cerchar en declaración jurada”, señala el memorial.
La defensa argumenta que su cliente está dispuesto a responder las preguntas de los investigadores y sostiene que los señalamientos conocidos públicamente no parten, según su postura, de elementos materiales probatorios que hayan sido revelados.
“Mi representado está dispuesto a hacerlo de manera rápida y buscando la consecución de la verdad”, afirma Criollo.
Gómez Cerchar permanece privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, razón por la cual su abogado solicita coordinar con el Inpec la logística necesaria para realizar la diligencia.
Piden establecer desde dónde se hicieron los disparos
Criollo pide que la Fiscalía ordene un estudio balístico de los proyectiles, fragmentos, casquillos y demás evidencias recolectadas para determinar calibre, tipo de munición y características del arma o las armas utilizadas.
Pero la defensa solicita ir más allá y reconstruir físicamente la trayectoria.
El abogado pide determinar “el punto de origen de los disparos, el ángulo de incidencia, la distancia aproximada y la posición del tirador”.
También plantea que los investigadores establezcan técnicamente si los impactos corresponden a disparos realizados directamente contra el despacho de la Procuraduría General de la Nación ubicada en el centro de Bogotá o si existe otra explicación.
En uno de los apartes centrales del memorial, Criollo solicita:
“La verificación técnica de si los impactos corresponden a disparos dirigidos de manera directa contra esa oficina o, por ejemplo, a proyectiles provenientes de disparos al aire, en caída o por rebote”.
Para la defensa, establecer esta circunstancia resulta determinante porque permitiría saber si realmente existió un ataque dirigido contra el procurador.
“De esta precisión depende establecer si hubo o no un ataque dirigido, que es el presupuesto fáctico del que parte todo el señalamiento público”, sostiene el abogado.
Defensa rechaza cualquier amenaza contra procuradores o magistrados
El memorial también contiene una declaración expresa de Gómez Cerchar frente a los hechos.
La defensa afirma que el exgobernador rechaza cualquier ataque o intimidación contra integrantes de la administración de justicia.
“El señor Juan Francisco Gómez Cerchar rechaza y repudia de manera categórica los hechos ocurridos en la sede de la Procuraduría General de la Nación, así como cualquier amenaza, intimidación o acto de violencia dirigido contra magistrados, procuradores o servidores judiciales”, señala el documento.
Según el penalista Juan Felipe Criollo Figueroa, su representado manifiesta respeto por la Corte Suprema, la Procuraduría y los funcionarios que han intervenido en sus procesos.
El abogado añade que Gómez “es enfático en negar cualquier participación con lo ocurrido en la sede de la Procuraduría General de la Nación y con las amenazas de que han dado cuenta los funcionarios”.
La alerta que llegó hasta la Corte Suprema
El hallazgo generó preocupación no solamente dentro de la Procuraduría.
El magistrado José Joaquín Urbano Martínez, quien fue ponente de la decisión contra Gómez Cerchar, puso la situación en conocimiento de la Presidencia de la Sala Penal. En la comunicación se planteó la posibilidad de que magistrados estuvieran en riesgo a raíz de la condena y se solicitó fortalecer las medidas de protección.
La preocupación se produjo en medio de otros reportes sobre presuntas amenazas contra funcionarios vinculados al expediente.
Tras conocerse la alerta, se adelantaron reuniones con las áreas responsables de la seguridad de la Corte y la Dirección de Protección de la Policía para revisar y reforzar las medidas destinadas a los magistrados y sus familias.
La Fiscalía, entretanto, mantiene abierta la investigación sobre los disparos y los análisis balísticos son claves para establecer qué ocurrió realmente.
Defensa dice que señalamientos alcanzaron a la familia
El memorial introduce además un elemento adicional: la defensa sostiene que las versiones difundidas públicamente han terminado afectando a familiares del exgobernador.
Criollo asegura que publicaciones relacionadas con el caso atribuyeron a miembros de la familia una supuesta instrucción para renunciar a sus cargos y abandonar Colombia.
Según el abogado, esa versión “jamás ha sido verificada y no encuentra respaldo en un solo elemento material probatorio”.
La defensa también niega que la familia esté preparando una salida del país.
“La afirmación según la cual la familia del señor Gómez Cercharse dispondría a abandonar el país es absolutamente falsa”, sostiene el documento.
Añade que los familiares permanecerán en Colombia y estarán disponibles para atender cualquier requerimiento de las autoridades.
Fiscalía deberá establecer si hubo un ataque dirigido
El punto central de la investigación sigue abierto: ¿el proyectil y los impactos encontrados en el piso 26 fueron producto de un ataque dirigido contra el despacho del procurador o tuvieron otro origen?
Esa respuesta deberá provenir de los análisis técnicos y de los demás elementos que recaude la Fiscalía. La existencia de una condena contra Gómez Cerchar, la participación del procurador Bonilla en ese proceso y las alertas posteriores constituyen el contexto que llevó a relacionar públicamente los episodios, pero por sí solos no demuestran quién realizó los disparos ni quién pudo haberlos ordenado.
Por eso, en la última petición del memorial, la defensa solicita que la investigación se concentre en la evidencia.
“Solicito que la actuación se oriente a establecer técnicamente lo ocurrido y a identificar a los verdaderos responsables, evitando que un señalamiento carente de respaldo probatorio siga proyectando efectos sobre personas que son enteramente ajenas a los hechos”, concluye Criollo.
Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar qué actuaciones ordena frente a las solicitudes de la defensa, mientras continúa la investigación que deberá establecer el origen, trayectoria y circunstancias de los disparos que encendieron las alarmas de seguridad tanto en la Procuraduría como en la Corte Suprema de Justicia.