Un operativo de la Policía Metropolitana de Pereira y unidades de inteligencia puso al descubierto una presunta red de “narcofiestas” que estaría operando en exclusivas fincas de la región, utilizadas no solo para el consumo de sustancias ilícitas, sino también para posibles actividades relacionadas con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos.
La intervención se llevó a cabo en una lujosa finca ubicada en la vereda La Cima, zona rural de Dosquebradas, a pocos minutos de Pereira. Allí, más de 50 personas participaban en una fiesta privada cuando las autoridades irrumpieron en el inmueble, encontrando drogas sintéticas, cocaína, armas de fuego y varios menores de edad en circunstancias que ahora son materia de investigación.
El operativo
El inmueble había sido alquilado mediante plataformas de renta turística y contaba con piscina, amplias zonas sociales, terraza, área de BBQ y múltiples habitaciones. Estas características lo convertían en un escenario ideal para la realización de eventos privados de gran afluencia.
Al momento de la intervención, los uniformados identificaron cerca de 50 asistentes, varios de los cuales presuntamente consumían sustancias psicoactivas. Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego sin la documentación requerida, así como diferentes tipos de estupefacientes, entre ellos cocaína, tusi, anfetaminas y otras drogas sintéticas.
Las autoridades también encontraron evidencia que motivó la activación inmediata de protocolos de protección para menores de edad presentes en el lugar.
Cuatro capturados y una adolescente aprehendida
El operativo dejó como resultado la captura de cuatro personas identificadas como:
- Juan José Jaramillo Londoño, de 25 años.
- Santiago Jaramillo Londoño, de 25 años.
- Camilo Hurtado Euse, de 28 años.
- Jacobo Ortiz Calvo, de 22 años.
Los capturados deberán responder inicialmente por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Adicionalmente, una adolescente fue aprehendida y otros tres menores de edad fueron puestos bajo protección institucional. Las autoridades adelantan investigaciones para determinar si existieron conductas relacionadas con explotación sexual de menores o cualquier otra forma de instrumentalización de la población infantil y adolescente.
Investigación por posibles redes de explotación
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la presencia de menores en un sitio donde se consumían sustancias ilícitas y circulaban armas de fuego.
La Policía confirmó que abrió varias líneas de investigación para establecer si estos encuentros estaban siendo utilizados para captar e instrumentalizar jóvenes en actividades criminales o en posibles escenarios de explotación sexual.
Como parte del procedimiento se iniciaron procesos de restablecimiento de derechos y se activaron las rutas de atención para proteger a los menores involucrados.
¿Detrás de las narcofiestas estaba ‘La Cordillera’?
Las investigaciones avanzan para determinar si estas celebraciones eran simples reuniones privadas o si en realidad funcionaban como espacios de encuentro para integrantes y colaboradores de organizaciones criminales.
Las autoridades analizan posibles nexos con la estructura delincuencial conocida como La Cordillera, organización que históricamente ha tenido influencia en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial en el Eje Cafetero.
De acuerdo con información conocida durante la investigación, las autoridades ya tendrían identificados a tres presuntos cabecillas que estarían relacionados con la organización y financiación de este tipo de eventos:
- Alias “Tres Caras”, identificado como Obed Erminson Maldonado Arenas.
- Alias “Piña”, Miguel Antonio Barón Murillo.
- Alias “Mono Harris”, considerado uno de los objetivos de alto valor para las autoridades por su presunta participación en homicidios y tráfico de estupefacientes.
Los organismos de seguridad intentan establecer si estas fiestas eran utilizadas para coordinar actividades criminales, fortalecer alianzas entre organizaciones narcotraficantes o facilitar negocios ilícitos relacionados con el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.
El negocio de las fincas de alquiler
La investigación también puso la atención sobre el uso de fincas turísticas para actividades ilegales.
Según las autoridades, la propiedad allanada habría sido alquilada a través de plataformas digitales destinadas al turismo. Sin embargo, existen indicios de que varios inmuebles de características similares en Pereira, Dosquebradas y La Virginia habrían sido utilizados para la realización de eventos clandestinos relacionados con el tráfico y consumo de drogas.
Por esta razón, la Policía anunció el fortalecimiento de controles e inspecciones en casas campestres e inmuebles arrendados por días, especialmente aquellos que registren denuncias por consumo de estupefacientes, presencia de menores de edad o circulación de personas vinculadas con estructuras criminales.
Reacción política
El caso generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. El senador Germán Rodríguez solicitó una investigación exhaustiva y pidió que se esclarezcan los posibles delitos cometidos durante la reunión.
El congresista señaló que este tipo de hechos no pueden normalizarse y exigió que se identifique a los responsables de organizar estos encuentros, especialmente si se comprueba la participación de menores de edad o la existencia de redes criminales detrás de las denominadas “narcofiestas”.
Una investigación que apenas comienza
Aunque las capturas y las incautaciones representan un golpe importante contra estas actividades ilegales, las autoridades consideran que el hallazgo podría ser solo la punta del iceberg de una estructura más amplia.
La Fiscalía, la Policía Nacional y organismos de inteligencia continúan recopilando pruebas para determinar el origen de las drogas, la procedencia de las armas, las fuentes de financiación de los eventos y la eventual participación de organizaciones criminales con alcance regional e internacional.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha encendido las alarmas sobre el uso de exclusivos complejos turísticos para actividades asociadas al narcotráfico, el reclutamiento de personas vulnerables y posibles delitos contra menores de edad, una situación que ahora es seguida de cerca por las autoridades judiciales del país.