En medio de una violenta disputa entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), los habitantes del municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, se encuentran confinados y enfrentan una situación humanitaria crítica. Los enfrentamientos, que ocurrieron los días 9 y 10 de diciembre, obligaron a la mayoría de la población a refugiarse, mientras que una comunidad específica se vio forzada a desplazarse hacia el casco urbano del municipio.
La comunidad afectada, Amba Patato, compuesta por 137 personas pertenecientes a 27 familias, tomó la difícil decisión de abandonar sus hogares debido a amenazas y señalamientos de colaboración con el bando contrario. Trágicamente, los combates en el casco urbano dejaron como resultado la pérdida de vidas, incluyendo la de una mujer indígena y un adulto mayor.
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Carlos Camargo Assis, ha tomado medidas urgentes para abordar la crisis. Se ha solicitado la implementación de medidas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para atender a la población afectada. Además, se busca brindar protección especial a líderes sociales y comunitarios, así como a aquellos amenazados de muerte, hasta que se active una ruta segura para su evacuación.
En el resguardo Nusí Purrú, la comunidad Eyazaque ha sido objeto de amenazas, mientras que en la comunidad Cedral, los residentes se encuentran atrapados en medio del fuego cruzado, ambos grupos están confinados y en peligro inminente.
La gravedad de la situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a solicitar una mayor presencia de la fuerza pública en los territorios afectados, instando a la contención de los riesgos que enfrentan los habitantes de Juradó y sus áreas vecinas. Este llamado se extiende a la implementación de una estrategia integral de protección no solo para Juradó, sino también para la subregión del Pacífico Norte, que incluye municipios como Nuquí y Bahía Solano, todos afectados por la creciente violencia armada.
En este contexto tenso, la incertidumbre se ha apoderado incluso de aquellos que buscan seguridad, como un joven amenazado que, al intentar solicitar más protección en Bahía Solano, desapareció tras ser interceptado por criminales mientras viajaba en una lancha de transporte público.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para implementar medidas efectivas que salvaguarden los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y poner fin a esta crisis humanitaria desencadenada por la violencia armada en la región.
