La Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos que enfrenta la implementación de la política pública para las personas con discapacidad, como consecuencia de la inestabilidad institucional y de las deficiencias en la ejecución de los recursos públicos destinados a este sector.
Los hallazgos hacen parte de un informe elaborado por la Delegada para Población Focalizada, cuyo análisis fue fortalecido con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Mediante herramientas de analítica de datos, esta dependencia permitió identificar patrones de riesgo, consolidar evidencia sobre la ejecución presupuestal y generar alertas que fortalecen el ejercicio del control fiscal.
El informe señala que, aunque entre 2022 y 2025 se registraron avances importantes en la consolidación del marco normativo para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, dichos progresos aún no se reflejan plenamente en transformaciones estructurales que mejoren sus condiciones de vida.
En materia normativa, la Contraloría destaca la expedición de 14 leyes orientadas a fortalecer la educación inclusiva, la accesibilidad, la inclusión laboral, la salud, la protección social y el reconocimiento de los cuidadores. No obstante, advierte que persisten desafíos relacionados con la reglamentación de varias disposiciones y con una aplicación desigual en los diferentes territorios del país.
El órgano de control también alertó sobre la inestabilidad institucional que ha caracterizado la rectoría de esta política pública. Durante los últimos años, la responsabilidad ha pasado del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, posteriormente a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y, finalmente, al Ministerio de Igualdad y Equidad, situación que ha generado discontinuidad estratégica y dificultades para orientar, coordinar, hacer seguimiento y exigir resultados.
A esta situación se suma la incertidumbre derivada de la desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad a partir del 20 de julio de 2026, como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que lo creó. Según la Contraloría, este escenario podría afectar la continuidad de la rectoría de la política pública y generar impactos sobre entidades estratégicas como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El análisis también evidenció debilidades en la gestión presupuestal. La Contraloría estableció que no existe una adecuada trazabilidad de la inversión pública destinada a la población con discapacidad, circunstancia que limita el seguimiento de los recursos, dificulta la rendición de cuentas y restringe la toma de decisiones basada en evidencia.
Asimismo, el órgano de control identificó una baja ejecución en el proyecto «Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad Socioeconómica de la Población con Discapacidad», que contó con una asignación de $38.494 millones durante el período 2024-2025. Pese a la magnitud de los recursos y a una población objetivo estimada en 2.847.000 personas, la ejecución acumulada alcanzó únicamente el 17 %, con niveles de ejecución del 23 % en 2024 y de apenas el 1 % en 2025, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus metas.
Con base en la información del Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría identificó avances en la garantía de derechos de esta población; sin embargo, persisten brechas significativas en materia de vinculación laboral, certificación de personas con discapacidad, acceso al Servicio Público de Empleo, formación profesional y prestación de servicios con criterios de accesibilidad.
La Contraloría General de la República reiteró que el fortalecimiento de la institucionalidad, una adecuada gestión de los recursos públicos y la consolidación de mecanismos efectivos de seguimiento son condiciones indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia una política pública sostenible, articulada y con resultados verificables.