Tras un estudio realizado por la Contraloría General de la República sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud, con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, pusieron en evidencia los riesgos de sostenibilidad del SOAT y revela que la falta de coordinación entre las entidades responsables como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la ADRES podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.
Tras la implementación del Decreto 2497 de 2022 donde fueron definidas categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó el 50% del valor de la póliza SOAT a los propietarios de vehículos ciclomotores; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal.
En medio de ajustes y cambios en las políticas de cobertura de servicios de salud relacionados con siniestros viales en Colombia, se evidencian preocupantes desafíos financieros y administrativos que impactan directamente en la prestación de servicios y en la salud de las víctimas.
La reciente modificación en los montos establecidos para los pagos de cobertura de servicios de salud para víctimas de siniestros viales ha generado una serie de consecuencias que merecen una atención urgente. La situación, que abarca desde afectaciones financieras hasta trabas en la gestión administrativa, se presenta como un rompecabezas complejo que requiere soluciones inmediatas.
- Afectación en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superen los 300 SMDLV y hasta los 800 SMDLV, que implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones; de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza SOAT y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la ADRES, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -FONSAT- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la ADRES.
- Falta de claridad en los procedimientos y alistamiento institucional oportuno para implementar el Decreto 2497 de 2022, lo que ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores.
Ante este panorama, urge la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas implementadas, para la ente de control, ha quedado demostrado que las conclusiones del análisis técnico de rangos diferenciales por riesgo SOAT presentado en diciembre de 2022, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte ante el Ministerio de Salud y Protección Social, resultaron equivocadas, puesto que la aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para reducir la evasión.
“Desde la CGR estaremos vigilantes y realizaremos las advertencias necesarias para promover la transparencia, la eficiencia y la calidad en la atención a las víctimas de eventos de tránsito. Instamos a las entidades competentes a tomar las medidas correspondientes para superar estos desafíos financieros e institucionales, así como garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”, dijo el Contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga.
Frente al incremento en la siniestralidad vial, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a septiembre de 2023, se registraron 6.151 víctimas fatales, un 2,72% mayor frente al año anterior, y especialmente en el caso del usuario de motocicleta, en donde se aumentaron las víctimas fatales en 288 personas.
Ante esto, la Contraloría hizo un llamado a las entidades involucradas en las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que se articulen y tomen las medidas necesarias y urgentes que permitan garantizar la sostenibilidad del régimen del esquema SOAT, corregir sus problemas actuales garantizando la protección a las víctimas de siniestros viales y el flujo de los recursos represados del sistema de salud.