La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), presentó un análisis integral sobre la calidad, consistencia, concentración, antigüedad y trazabilidad de la información registrada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), con el fin de fortalecer el control fiscal sobre la cartera pública, su reporte, depuración y gestión de cobro.
De acuerdo con el último Boletín de Deudores Morosos del Estado remitido por la Contaduría General de la Nación, la cartera vigente asciende aproximadamente a $165,64 billones y agrupa 996.611 deudores. En los 22 años de expedición del BDME, este comportamiento evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora, lo que refuerza la necesidad de fortalecer su reporte, seguimiento, depuración y gestión de cobro.
Una de las principales alertas identificadas por la DIARI corresponde a la completitud del reporte. A partir de un listado de 6.398 entidades del Estado remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la DIARI cruzo dicha información con los boletines de deudores morosos desde el año 2019 y encontró que 2.545 entidades han reportado cartera, equivalentes al 39,78%, mientras que 3.853 entidades no han registrado reportes. Este resultado será remitido a las delegadas competentes para que, en el marco del próximo ejercicio auditor, se verifique si la ausencia de reporte obedece a inexistencia real de cartera o a posibles omisiones en el cumplimiento de la obligación legal.
El análisis también permitió establecer una alta concentración de la cartera morosa. Las 20 entidades con mayores saldos reportados concentran aproximadamente $135,8 billones, lo que representa cerca del 82% del total registrado en el BDME. Esta concentración permite orientar acciones de seguimiento, priorización y control sobre los principales acreedores públicos, así como revisar la gestión de cobro, recuperación, depuración y registro contable de dichas obligaciones en el próximo Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.
La siguiente tabla presenta el Top 5 de los mayores acreedores identificados, ordenados según el valor de las acreencias registradas, con el propósito de destacar las entidades que concentran los montos más significativos de cartera y facilitar el análisis de su impacto dentro del universo evaluado.
En materia de antigüedad de la cartera, la DIARI identificó que las obligaciones con antigüedad igual o superior a cinco años ascienden aproximadamente a los $65 billones.
Este componente requiere seguimiento especifico por los riesgos asociados a la caducidad, prescripción, pérdida de oportunidad de recaudo, deterioro de la gestión de cobro y necesidad de depuración documentada. En contraste, cerca de $100,64 billones corresponden a obligaciones con antigüedad inferior a cinco años, segmento que podría presentar mayor potencial de recuperación si las entidades adelantan acciones oportunas de cobro y seguimiento.
Otro punto relevante corresponde a los retiros de deuda del BDME: el análisis evidencio que más del 70% del valor retirado se asocia a procesos de depuración de la información, con un impacto aproximado de $26,4 billones.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- comparó la información del Boletín de Deudores Morosos del Estado -BDME- con otras bases oficiales, como el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación-, el Sistema Electrónico para la Contratación – SECOP- , los registros sobre delitos contra la administración pública, el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI-, y el Registro Unico de Beneficiarios Finales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-.
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, se identificaron 13.282 personas naturales y jurídicas como deudores morosos del Estado, y que recibieron pagos con recursos públicos por aproximadamente $124,9 billones a través de SIIF Nación, pese a mantener obligaciones pendientes con el Estado por cerca de $20,9 billones.
En el cruce con el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —SECOP— se identificaron 570,827 personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos registrados en el sistema durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. De ellas, 20.238 personas y organizaciones registradas como deudores morosos del Estado celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones, pese a que acumulaban obligaciones pendientes por cerca de $11,8 billones, según la información del Boletín de Deudores Morosos del Estado —BDME—.
Con base en estos resultados, la CGR propone siete frentes de trabajo para fortalecer el seguimiento a la cartera morosa del Estado: el primero consiste en verificar la completitud del reporte por parte de las entidades públicas, mediante informes dirigidos a las delegadas sobre entidades que nunca han reportado cartera y entidades que sí han reportado, con el fin de revisar integridad, consistencia y exhaustividad de la información. El segundo frente busca analizar la concentración de la deuda en las entidades responsables, priorizando aquellas que acumulan la mayor proporción de cartera. El tercero consiste en hacer seguimiento a las obligaciones con antigüedad superior a cinco años, por su exposición a riesgos de prescripción, baja recuperabilidad o deficiencias en la gestión de cobro. El cuarto frente se orienta a revisar los retiros de deuda asociados a procesos de depuración, para establecer si cuentan con soporte, trazabilidad y justificación suficiente. El quinto frente corresponde al análisis de inconsistencias frente a otras fuentes de información, como SIBOR, SECOP, SIIF, eKOGUI y registros de beneficiarios finales, con el fin de entregar insumos técnicos a las delegadas para el ejercicio auditor. El sextopropone la expedición de lineamientos internos y externos para el reporte y seguimiento de la cartera morosa, debido a que actualmente no existe un procedimiento institucional estandarizado que defina roles, responsabilidades, flujos de información y mecanismos de seguimiento. El séptimo plantea una articulación directa entre la Contaduría General de la Nación y con la Contraloría General de la República para mejorar la calidad, coherencia, trazabilidad y oportunidad de la información registrada en el BDME.
La Contraloría considera que el BDME no debe ser entendido únicamente como un registro administrativo de deudores, sino como una herramienta estratégica para el control fiscal, la gestión de ingresos públicos, la recuperación de cartera, la prevención de pérdida de recursos y la toma de decisiones basada en evidencia. La calidad del reporte, la oportunidad de la actualización, la consistencia frente a otras fuentes oficiales y la trazabilidad de los retiros son elementos centrales para fortalecer la vigilancia fiscal sobre los recursos que las entidades públicas tienen derecho a recuperar.