Un inusual episodio se registra al interior de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro de sus magistrados remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría un documento presentado por la defensa de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, en el que se denuncian situaciones que podrían haber afectado su derecho de defensa y el debido proceso. Los cuestionamientos están relacionados con actuaciones dentro del expediente que ha estado a cargo de la magistrada Cristina Lombana.
Una comunicación firmada por cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un nuevo capítulo alrededor de la investigación que se adelanta contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyúpor su presunta participación en el escándalo de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos decidieron poner en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos denunciados por la defensa de la congresista.
La remisión resulta particularmente relevante porque las actuaciones cuestionadas se produjeron dentro del expediente que ha estado bajo la conducción de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quinta integrante de la Sala Especial de Instrucción.
Sin embargo, jurídicamente debe hacerse una precisión: los cuatro magistrados no declararon responsable a Lombana ni ordenaron directamente abrir una investigación en su contra. Lo que hicieron fue remitir los hechos a los organismos competentes debido a su posible incidencia penal y disciplinaria, para que sean estos los que determinen si existe mérito para iniciar actuaciones contra la magistrada.
La carta de los cuatro magistrados
El documento conocido este viernes está dirigido a la Mesa Directiva de la Comisión Legal de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
La comunicación hace referencia a un memorial presentado el 7 de julio de 2026 por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, defensor de Martha Peralta, dentro del proceso penal que adelanta la Sala Especial de Instrucción.
En la carta, cuya copia conoció Focus Noticias, los cuatro magistrados explican:
“Tuvimos conocimiento del memorial presentado el 7 de julio de 2026 por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, dentro del radicado n.° 1316, que la Sala Especial de Instrucción sigue respecto de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú”.
Los magistrados señalan que en el documento presentado por la defensa se informa sobre situaciones que:
“Pudieron haber tenido incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso”.
La comunicación agrega que también fueron señaladas:
“Posibles irregularidades en la manera en que se han desplegado las competencias coercitivas dentro de esa actuación penal”.
“Posible incidencia penal y disciplinaria”
Es precisamente esa parte del documento la que explica por qué el asunto salió de la Corte Suprema y terminó en manos de otros organismos.
Los cuatro magistrados fueron explícitos al señalar:
“Por la posible incidencia penal y disciplinaria que pueden tener los hechos y las situaciones procesales descritos por el abogado defensor de la procesada, por medio de la presente remitimos a sus despachos copia del documento referido para lo que estimen de su competencia”.
La comunicación está firmada por Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
El documento implica que cuatro de los cinco integrantes de la Sala Especial de Instrucción consideraron que los hechos denunciados por la defensa tenían entidad suficiente para ser puestos en conocimiento de las autoridades que tienen competencia para determinar una eventual responsabilidad penal o disciplinaria.
¿Qué tiene que ver Cristina Lombana?
Cristina Lombana es la magistrada que ha dirigido buena parte de las actuaciones dentro del proceso contra Martha Peralta.
De acuerdo con la información conocida sobre la remisión, los cuestionamientos están relacionados particularmente con medidas coercitivas utilizadas para garantizar la comparecencia de la senadora a la indagatoria.
La discusión jurídica se concentra, entre otros aspectos, en determinar si algunas de esas facultades podían ser ejercidas directamente por la magistrada instructora o si determinadas decisiones debían ser adoptadas por la Sala Especial de Instrucción como cuerpo colegiado.
La defensa de Peralta ha sostenido que durante el procedimiento se vulneraron garantías fundamentales de la congresista.
Esas afirmaciones corresponden por ahora a cuestionamientos de la defensa. No existe una decisión de la Comisión de Acusación, de la Procuraduría ni de otra autoridad que haya establecido que Lombana cometió una irregularidad.
El episodio de la indagatoria
El origen inmediato de la controversia está en lo sucedido durante junio pasado.
Martha Peralta estaba citada para rendir indagatoria dentro de la investigación por el caso UNGRD. La diligencia había sufrido aplazamientos y finalmente fue programada para el 18 de junio de 2026.
Ese día, el despacho de Cristina Lombana dispuso que la congresista fuera conducida por la fuerza pública para garantizar su comparecencia.
La situación generó una controversia adicional porque integrantes del equipo de Peralta aseguraron que, cuando se impartió la orden, la senadora ya se encontraba en las instalaciones de la Corte Suprema para atender la diligencia.
Posteriormente se produjo una orden que implicó una restricción de su libertad mientras avanzaba la actuación judicial. La defensa presentó un hábeas corpus cuestionando la legalidad de esa situación.
El recurso no prosperó y la restricción se mantuvo temporalmente.
Después, Lombana pidió que Peralta siguiera el proceso sin medida de aseguramiento
El expediente tuvo posteriormente otro giro.
El 3 de julio se conoció que la propia magistrada Cristina Lombana presentó ante la Sala una ponencia en la que propuso no imponer medida de aseguramiento a Martha Peralta, lo que permitiría que continuara vinculada al proceso en libertad mientras avanzaba la investigación.
La congresista también suscribió una diligencia de compromiso ante la Corte, mediante la cual quedó obligada a comparecer cuando fuera requerida, informar cambios de residencia y no salir del país sin autorización previa.
Es precisamente después de estos episodios cuando, el 7 de julio, su abogado presentó el memorial que terminó siendo remitido por los otros cuatro magistrados a la Cámara y a la Procuraduría.
¿Por qué investigan a Martha Peralta?
La controversia sobre las actuaciones procesales no elimina ni resuelve la investigación principal que se adelanta contra la senadora.
Peralta fue vinculada formalmente por la Corte Suprema a una investigación por su presunta participación en hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD.
En mayo de 2026, la Sala abrió investigación formal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Una de las líneas del expediente está relacionada con un contrato por aproximadamente $2.170 millones para maquinaria amarilla y volquetas destinadas a trabajos en Riohacha, La Guajira. La Corte busca determinar si existió alguna intervención de la congresista en un presunto esquema de direccionamiento de contratación pública asociado a la búsqueda de apoyos políticos en el Congreso.
Dos asuntos judiciales diferentes
La remisión realizada por los cuatro magistrados genera ahora dos escenarios jurídicos independientes.
Por una parte, la Sala Especial de Instrucción continúa investigando a Martha Peralta por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la UNGRD.
Por otra, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Procuraduría deberán analizar las actuaciones denunciadas por la defensa para determinar si existe mérito para iniciar una investigación relacionada con la conducta de Cristina Lombana.
La Comisión de Acusación adquiere relevancia porque es el órgano constitucionalmente encargado de conocer denuncias contra determinados altos dignatarios, incluidos magistrados de las altas cortes, dentro del régimen especial establecido por la Constitución.
La Procuraduría, entretanto, deberá determinar dentro de sus competencias si los hechos puestos en su conocimiento tienen alguna eventual relevancia disciplinaria.
Una situación inusual dentro de la Corte Suprema
La trascendencia institucional del episodio radica también en quiénes suscriben el documento.
No se trata exclusivamente de una denuncia presentada por la defensa de una persona investigada. Cuatro magistrados de la misma Sala en la que trabaja Cristina Lombana decidieron trasladar formalmente esos señalamientos a autoridades externas, al considerar que los hechos descritos podrían tener incidencia penal y disciplinaria.
Esto no significa que los firmantes hayan determinado que Lombana actuó ilegalmente. Precisamente por no ser ellos quienes deben establecer una eventual responsabilidad, remitieron el memorial a las autoridades competentes.
Ahora corresponderá a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación evaluar el contenido completo del escrito presentado por la defensa, contrastarlo con las actuaciones desarrolladas dentro del expediente y determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones.
