La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionaria encargada de la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.
La decisión dejó en firme un detrimento patrimonial por $7.451.331.688,94 y pone fin al proceso de responsabilidad fiscal, al no admitir nuevos recursos.
El organismo de control resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad concesionaria y concluyó que las pruebas recaudadas durante la investigación demostraron que los recursos obtenidos por la prestación de servicios funerarios continuaron siendo administrados por fuera del esquema fiduciario establecido en el Contrato de Concesión No. 415 de 2021, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Según la Contraloría, el período de transición previsto en el contrato ya había finalizado, por lo que los recursos públicos debían manejarse exclusivamente a través del mecanismo fiduciario acordado. Sin embargo, la entidad determinó que el concesionario continuó administrando dichos recursos en cuentas distintas a las autorizadas.
El organismo fiscalizador también precisó que las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato no justificaban el manejo de recursos públicos por fuera de las condiciones pactadas. En ese sentido, reiteró que quienes administran dineros del Estado están obligados a garantizar su correcta destinación, transparencia y control.
«Los recursos públicos pertenecen a todos los bogotanos y su manejo exige el mayor compromiso y responsabilidad. Este fallo ratifica que el control fiscal cumple su función de proteger el patrimonio público y de hacer responder a quienes incumplen las obligaciones que asumieron al administrar recursos del Estado», afirmó María Teresa Zuluaga Botero, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.
Con esta decisión, quedó en firme la responsabilidad fiscal de Jardines de Luz y Paz S.A.S. por un detrimento patrimonial superior a $7.451 millones, en uno de los procesos de control fiscal relacionados con la administración de los cementerios distritales de la capital.
La decisión de segunda instancia cierra el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría de Bogotá y no admite nuevos recursos.
