Ante la actual situación que se vive en Colombia, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis llevó a Carlos Camargo Assis, le hizo un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la integridad de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y quienes aspiran a un cargo de elección popular no siga corriendo peligro.
“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Esta solicitud hecha por Camargo Assis ante la CIDH se da por el contexto actual que vive el país, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones del país, “Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el Defensor del Pueblo.
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Durante la reunión con quien fuera Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García, Carlos Camargo Assis le manifestó el rol clave que tiene el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región y le reiteró la importancia de que la CIDH respalde estas a través del otorgamiento de medidas cautelares para las personas que, según el propio Sistema, están en riesgo extremo en el actual ambiente electoral.
Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
A estos se le suman otros servidores públicos que estan siendo amenazados como lo son los que tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.
«No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta», aseguró Camargo Assis.
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A través de esta Alerta temprana la Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos, por la presencia de grupos armados ilegales, los cuales hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.
Finalmente, el Defensor le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. Se espera en los proximos días la Defensoría reciba una respuesta satisfactoria por parte de la Comisión para que así puedan mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral.
La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, recalcó el Defensor del Pueblo.
