La investigación por el presunto esquema de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir que involucra a la cadena comercial Lili Pink y su empresa operadora Fast Moda S.A.S. dio un nuevo paso. La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares e incorporó a una nueva compañía dentro de las pesquisas patrimoniales, en lo que ya es considerado uno de los procesos más grandes por presunto lavado de activos en Colombia.
La nueva empresa incluida en el expediente es Elephant Import & Export S.A.S., una sociedad con sede en Barranquilla que, según la Fiscalía, habría sido uno de los principales proveedores de mercancía para las marcas Lili Pink y Joy. La decisión fue adoptada por una fiscal de extinción de dominio, que ordenó medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la totalidad de la composición accionaria y los bienes asociados a la compañía.
El hallazgo que llevó a ampliar la investigación
Las nuevas diligencias permitieron identificar 12 contenedores con mercancía de origen chino que habría ingresado al país a través de Panamá, mientras que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya había aprehendido previamente otros 31 contenedores relacionados con la misma línea investigativa. Según los investigadores, uno de los elementos que más llamó la atención fue que varios productos ya contaban con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano incluso antes de haber sido nacionalizados oficialmente, circunstancia que ahora forma parte de las verificaciones judiciales.
La Fiscalía sostiene que Elephant Import & Export habría sido utilizada para abastecer mercancía y soportar operaciones de importación pese a que su capacidad económica real genera dudas dentro del expediente. Según la hipótesis investigativa, parte de la aparente solidez financiera de la empresa estaría respaldada por un préstamo cercano a 64.000 millones de pesos proveniente de otra sociedad cuya capacidad económica también está siendo examinada. Además, Fast Moda S.A.S. registraría obligaciones a favor de Elephant por aproximadamente 126.000 millones de pesos, cifras que hoy son objeto de análisis patrimonial.
De acuerdo con los registros mercantiles conocidos dentro de la investigación, Elephant Import & Export S.A.S. fue constituida el 8 de agosto de 2012 y se encuentra registrada con sede principal figura en el municipio de Galapa (Atlántico) y su actividad económica corresponde al comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios y otros bienes. Aunque se trata de una empresa con más de una década de operación formal, la Fiscalía decidió incorporarla a las recientes medidas cautelares por su presunto papel dentro de la cadena de suministro que abastecía a Fast Moda S.A.S., compañía propietaria de las marcas Lili Pink y Joy. Las autoridades ahora revisan en detalle sus operaciones de importación, los movimientos financieros reportados y la posible relación con mercancía procedente de China que habría ingresado al país a través de Panamá bajo esquemas que son objeto de investigación. Según la información conocida hasta el momento, el expediente también examina presuntos cambios de etiquetas de origen y vínculos comerciales con personas y sociedades que ya aparecen mencionadas dentro del proceso, entre ellas los empresarios Max Marvin Abadi Harari y David Max Abadi Homsani, dos de los principales investigados por la Fiscalía.
Una investigación que comenzó con alertas de la DIAN
El origen del caso se remonta a una serie de verificaciones adelantadas por la DIAN desde 2022 sobre operaciones de comercio exterior relacionadas con empresas dedicadas a la importación y comercialización de confecciones, cosméticos, accesorios y juguetes. Durante ese proceso, las autoridades detectaron movimientos financieros que, según la Fiscalía, no guardaban relación con la capacidad económica reportada por varias sociedades involucradas.
La hipótesis del ente acusador señala que la presunta estructura habría utilizado importadoras, comercializadoras y empresas de papel para introducir mercancía al territorio nacional mediante mecanismos diseñados para evadir controles tributarios, aduaneros y financieros. Entre las maniobras identificadas aparecen la simulación de relaciones comerciales, la fragmentación de transacciones, la utilización de sociedades fachada y movimientos de dinero entre empresas vinculadas.
Según las cifras expuestas por la Fiscalía, las operaciones investigadas estarían asociadas a un presunto lavado de activos superior a los 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones y actividades de contrabando estimadas en más de 75.000 millones de pesos. Además, la DIAN ha ejecutado aprehensiones y decomisos de mercancía valorados en más de 54.000 millones de pesos.
Lo que reveló la audiencia de imputación de julio
Uno de los momentos clave del proceso ocurrió el 21 de julio de 2026, cuando la Fiscalía expuso ante un juez los principales elementos probatorios recaudados durante varios años de investigación.
Durante esa diligencia fueron imputados cargos contra ocho empresarios y representantes de sociedades que, según el ente investigador, habrían desempeñado diferentes funciones dentro del presunto entramado empresarial. La Fiscalía explicó que las empresas investigadas habrían sido utilizadas para ocultar el origen de recursos, facilitar operaciones de comercio exterior bajo sospecha y dar apariencia de legalidad a actividades que hoy son objeto de investigación penal.
Los procesados fueron vinculados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, favorecimiento al contrabando y enriquecimiento ilícito, entre otros. Sin embargo, durante la audiencia todos se declararon inocentes y rechazaron las acusaciones formuladas por el ente acusador.
¿Quiénes son los investigados?
Entre las personas llamadas a responder dentro del proceso aparecen:
- Max Marvin Abadi Harari, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos articuladores principales de la estructura investigada.
- David Max Abadi Homsani, ciudadano panameño relacionado con operaciones internacionales bajo revisión.
- Malaquilla Bismar Hernández.
- Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S.
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna.
- Jonnatan Villamil Soler.
- Luz Adriana López López.
- Merlín Roxana Mendoza Arias, quien, según información presentada durante el proceso, se encontraría fuera del país.
La investigación también involucra a Walter Francisco Martínez Martínez, quien ya fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, habría participado en la constitución, administración y representación de varias empresas utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.
Más de 400 locales bajo medidas cautelares
El alcance patrimonial de la investigación ha sido igualmente significativo. Como parte de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se decretaron medidas cautelares sobre:
- 405 locales comerciales.
- 40 inmuebles.
- 8 vehículos.
- Una sociedad comercial.
Los procedimientos fueron ejecutados en 59 municipios y ciudades de 25 departamentos, en uno de los operativos más grandes realizados por las autoridades colombianas contra una presunta red de contrabando y lavado de activos.
Empresas en Colombia, Panamá y nuevas líneas de investigación
La ampliación de las medidas cautelares a Elephant Import & Export demuestra que la investigación no se limita a las sociedades inicialmente intervenidas. Los investigadores continúan rastreando operaciones financieras, movimientos de importación y relaciones comerciales entre compañías colombianas y extranjeras.
Dentro del expediente han aparecido además sociedades constituidas en Panamá, entre ellas Nepal Blue S.A., Bestsea Blue S.A., Lili Brand Inc., Mail Blue S.A. y Greenland Point Foundation, cuyos vínculos y transacciones forman parte de las nuevas líneas investigativas.
Por ahora, la Fiscalía insiste en que se trata de una hipótesis criminal sustentada en elementos materiales probatorios que seguirán siendo debatidos durante el proceso judicial. Mientras tanto, las defensas sostienen que las operaciones comerciales fueron legales y que no existe ninguna decisión judicial definitiva que establezca responsabilidades penales. Sin embargo, con la incorporación de un nuevo proveedor estratégico y el hallazgo de nuevos contenedores bajo sospecha, el caso continúa creciendo y podría extenderse a más empresas relacionadas con la cadena de suministro que abastecía a una de las marcas de moda más reconocidas del país.