La representante Karen Astrid Manrique, una de las figuras señaladas en el creciente escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), culminó este lunes su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. En una diligencia clave, Manrique decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, mientras persisten las investigaciones por el presunto direccionamiento de millonarios contratos en su departamento, Arauca.
La comparecencia de Manrique ante el magistrado Misael Rodríguez ocurre en medio de una tormenta política que ha salpicado a varios congresistas y exfuncionarios. Según el expediente, Manrique habría participado en la designación de municipios que serían beneficiados con recursos presuntamente desviados de la UNGRD, a través de un entramado en el que, según el exdirector de la entidad, Olmedo López, ella tuvo un papel central.
La libreta y los señalamientos de López
En su declaración inicial, López afirmó que la congresista escribió de puño y letra una lista con los municipios que recibirían los contratos, priorizando a Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos contratos, que habrían sumado 92 mil millones de pesos, habrían sido negociados bajo la sombra de un esquema de cohecho que involucra a los congresistas, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera quienes también enfrentan indagatorias.
La legisladora habría asistido acompañada de una delegación de los departamentos.
Renuncias en la Comisión de Crédito Público
Horas antes de su indagatoria, Manrique formalizó su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), donde desempeñaba un papel fundamental en la aprobación de operaciones financieras del Gobierno. La dimisión ocurre días después de que Wadith Manzur, otro congresista investigado en el mismo caso, renunciara al mismo organismo. Con la salida de ambos, la Comisión quedó sin quórum para sesionar.
Manrique había sido señalada como una de las gestoras principales de presuntos acuerdos entre congresistas y funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre créditos internacionales, a cambio de beneficios relacionados con contratos de la UNGRD.
Mauricio Pava, abogado del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla solicitó una reunión con las fiscales del caso que investiga el caso de la UNGRD y rechazó las declaraciones de la exasesora del ministerio, Maria Alejandra Benavides.
La estrategia de defensa
El abogado de Manrique, Andrés Garzón, señaló tras la diligencia que la decisión de guardar silencio responde a la falta de claridad en las acusaciones:
“No conocemos con precisión las indicaciones de Olmedo López, quien se ha negado a declarar en la Sala de Instrucción. En tanto no tengamos acceso completo a las pruebas, mi clienta se reserva su derecho a pronunciarse, aunque está dispuesta a colaborar plenamente en el momento oportuno”.
Y agregó «Aquí no hubi ningún contrato, no se desembolsó un peso, aquí no se esta escondiendo nada«
Garzón reiteró que no hay evidencia directa que vincule a la congresista con la ejecución de contratos irregulares, calificando las acusaciones como “suposiciones basadas en declaraciones no contrastadas”. Y solicitó las declaraciones de Olmedo López y ex ministro Luis Fernando Velasco para preparar el contrainterrogarorio.
Un escándalo que se complica
El caso ha cobrado fuerza tras revelaciones sobre la presunta creación de acuerdos en reuniones realizadas en el Ministerio de Hacienda, en las que habrían participado asesores como María Alejandra Benavides Soto, quien también es investigada y ha señalado que el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla conocía de los movimientos en la UNGRD. Las denuncias apuntan a que Manrique habría liderado gestiones en nombre de la CICP para facilitar contratos que beneficiarían políticamente a los involucrados.
Mientras tanto, la Fiscalía sigue analizando documentos y testimonios que podrían comprometera los señalados. Entre ellos, figuran grabaciones y actas de reuniones que documentan cómo se discutieron los presuntos contratos.