Las intimidaciones, que llegaron a través de un mensaje de WhatsApp, fueron denunciadas por el abogado de Benavides, Jaime Andrés López Pinzón, quien señaló que estas también alcanzaron a los familiares de su clienta. El mensaje, que incluía imágenes macabras de una calavera y un ataúd, advertía sobre las graves consecuencias si Benavides continuaba colaborando con las autoridades en el desarrollo de este polémico caso. El texto, con evidentes errores ortográficos, contenía una frase escalofriante: “María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hijue… de su abogado, ban a entender que hablar no paga, brille para ellos la luz perpetua”.
Las amenazas han encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes están vinculados al caso. El contexto es claro: Benavides, investigada por su posible rol en la red de corrupción que desvió millonarios fondos destinados a la gestión de desastres, es considerada una pieza clave en la trama. Su nombre ha sido mencionado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, quien aseguró que la exasesora habría actuado como intermediaria entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y otros actores políticos implicados en el escándalo.
La investigación apunta a que Benavides gestionó el direccionamiento de contratos millonarios en municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por un valor que ascendería a 92.000 millones de pesos. Aunque estos fondos no fueron desembolsados, las autoridades investigan su presunta participación en una red de corrupción que buscaba beneficiar a congresistas a cambio de sobornos.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables directos de las amenazas, pero la gravedad del caso ha llevado a que se refuerce la seguridad de Benavides y su entorno. Las intimidaciones parecen estar relacionadas con la información que la exasesora podría aportar a la investigación, lo que ha aumentado la tensión en torno al proceso judicial.
Altos funcionarios y exfuncionarios están siendo investigados, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, Olmedo López, un abogado, el contratista conocido como el «Pastuso» quienes presuntamente jugaron un rol en la asignación irregular de los contratos. También están implicados el expresidente del Senado, Iván Name, el Representante a la Cámara, Andrés Calle y otros miembros del Congreso.