El próximo martes, 27 de agosto de 2024, se llevará a cabo una audiencia que podría marcar un punto decisivo en uno de los casos judiciales más controvertidos en la historia reciente de Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá definirá si anula o no la acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha solicitado la nulidad de todo lo actuado en este caso, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso. Esta solicitud fue inicialmente rechazada, pero ahora el magistrado Manuel Antonio Merchán, revisará la apelación de la defensa y emitirá un fallo fundamental en el curso del proceso.
La audiencia de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, prevista para el 10 de julio de 2024, fue suspendida. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Uribe.
Álvaro Uribe, a sus 71 años, enfrenta cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La Fiscalía General de la Nación lo acusó de ser el determinador de un plan para manipular testimonios y pruebas en beneficio propio y de su hermano, Santiago Uribe. Este caso ha sido particularmente complicado y controvertido, caracterizado por múltiples solicitudes de preclusión y el paso de seis fiscales diferentes.
Los cargos
El caso se originó cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Uribe en 2018, basándose en indicios de que su abogado, Diego Cadena, habría sobornado a exparamilitares para obtener testimonios favorables en un litigio que enfrentaba al expresidente con el senador Iván Cepeda. Tras la renuncia de Uribe al Senado, este perdió la investidura y el caso fue trasladado a la Fiscalía, que en dos ocasiones solicitó archivar el proceso. Sin embargo, el fiscal Gilberto Villarreal, formuló una acusación formal contra Uribe. Hace unas semanas el proceso fue asignado a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela Rodríguez.
La defensa ha cuestionado la consistencia de la acusación, particularmente en lo que respecta a la interpretación de términos como «dolo eventual y directo», argumentando que la Fiscalía ha incurrido en variaciones jurídicas que afectan la validez del proceso. El proceso penal podría prescribir el 8 de octubre de 2025, por lo que las partes han solicita celeridad a las decisiones judiciales que se tomen en los próximos días.
Implicaciones de la decisión
Si el Tribunal Superior decide anular la acusación, se abrirá un nuevo capítulo en la larga saga de investigaciones y enfrentamientos legales que han perseguido a Uribe, quien sigue siendo una figura central en la política colombiana. Por otro lado, si la nulidad es rechazada, el caso continuará su curso en el Juzgado 44, que deberá preparar el terreno para iniciar el juicio.
La audiencia ha sido priorizada a solicitud de la Fiscalía, que busca evitar la prescripción del caso.
El Caso
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe inició en 2018 en la Corte Suprema, luego que el Senador Iván Cepeda denunciara supuestos sobornos a paramilitares recluidos en la cárcel. Seis años después la Fiscalía llama a juicio a Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Luego de dos solicitudes de preclusión y cinco fiscales que han estado a cargo del proceso penal se tenía programado para julio el comienzo del juicio.
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En mayo, la Juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Herrera, rechazó la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de Uribe. Jaime Granados argumentaba que la indagatoria rendida por el expresidente ante la Corte Suprema de Justicia no equivalía a una imputación de cargos. Sin embargo, la juez Herrera señaló que este asunto ya había sido resuelto por la Corte Constitucional, la cual había determinado la equivalencia entre la indagatoria y la imputación de cargos, desestimando así los argumentos de la defensa. Por lo que el caso pasó al Tribunal Superior.
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Vea aquí el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe
Durante la audiencia de acusación, del 24 de mayo de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal argumentó que Uribe habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para que influyera en los testimonios de estos testigos clave.
Según la fiscalía, se buscaba que estos testimonios fueran favorables para el expresidente y su hermano, ambos vinculados a investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares.
Víctimas Reconocidas
La juez 44 de conocimiento de Bogotá reconoció como víctimas a Jorge Perdomo, Deyanira Gómez y Luis Eduardo Montealegre, sin embargo la decisión fue apelada El Tribunal Superior de Bogotá debe decidir si acepta como víctimas.
Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente enfrenta un proceso penal formalmente. La figura de Álvaro Uribe ha sido polarizante en la política colombiana, y este proceso judicial ha exacerbado las divisiones en la opinión pública.
Durante la audiencia el Fiscal del Caso, Iván Villareal rechazó una publicación donde le realizaban señalamientos, y falta a su honor. Igualmente, manifestó que estos señalamientos generan amenazas en contra de su vida.
