En la madrugada del 9 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación ejecutó las capturas de los excongresistas Bernardo Miguel el ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile Fayad, ambos poderosos políticos oriundos de Sahagún, Córdoba, y protagonistas de uno de los escándalos más emblemáticos del país: el caso Fonade.
Las capturas, realizadas a las 5:30 de la mañana en Sincelejo, responden a la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de julio, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia contra ambos excongresistas por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y, en el caso de Elías, también por interés indebido en la celebración de contratos.
La Sala Especial de Primera Instancia ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario para cumplir las penas impuestas.
El ‘Ñoño’ Elías, condenado a 39 meses de prisión, fue capturado en Sincelejo, en la residencia de sus suegros, donde, según se informó, se entregó voluntariamente.
El exsenador permanece en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Sincelejo.
Por su parte, Musa Besaile, sentenciado a 32 meses, fue trasladado de su residencia a prisión intramural, donde deberá cumplir su condena.
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El caso Fonade, que estalló durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, reveló la utilización indebida de influencias políticas por parte de los exsenadores para direccionar contratos de interventoría de proyectos de vivienda de interés social a empresas cercanas. El objetivo era asegurar beneficios económicos y consolidar poder político.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 90 páginas, donde los dos excongresistas aceptaron los cargos en su contra y se acogieron a una sentencia anticipada. El magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente del fallo, subrayó que la aceptación de cargos constituye una confesión simple, respaldada por las pruebas recaudadas durante la investigación.
El caso Fonade no solo menciona a estos dos excongresistas, sino que también salpicó a otras figuras políticas, como el exsenador y actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, quien, según las versiones también participó en las irregularidades de contratación junto con los ahora condenados.
La investigación en contra de Benedetti continuará abierta en la Corte Suprema de Justicia.
