La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de la sargento del Ejército Nacional, Ghislaine Karina Ramírez, y sus dos hijos, menores de edad, cuando se movilizaban en un vehículo particular en la vía que de Tame conduce a Fortul (Arauca) y alertó el incremento de esa práctica ilegal en el departamento.
“Condenamos el secuestro de la suboficial y sus dos hijos, de seis y ocho años, un hecho repudiable que quebranta lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario. Niñas, niños y adolescentes no pueden ser objeto de secuestro, tampoco de cualquier otra práctica que pueda vulnerar sus derechos”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Camargo agregó: “Al grupo responsable de tan atroz acto, le exigimos respetar la vida e integridad de estas tres personas y dejarlas en libertad cuanto antes. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos activados nuestros canales humanitarios para servir como mediadores en su liberación”.
En relación con los casos de desapariciones forzadas en el departamento, 11 reportados en las últimas semanas en Fortul, Arauquita, Tame y la capital Arauca, lamentó que entre las víctimas también haya menores de edad.
“Esta es una de las prácticas más atroces y crueles en el desarrollo del conflicto armado. De acuerdo con lo manifestado por los familiares, las personas son interceptadas o retenidas mientras transitan por carreteras intermunicipales o cuando están en sus casas, luego de haber sido identificadas por sus captores, quienes se las llevan mediante la intimidación armada, con rumbo desconocido”, indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos. En otros casos, las víctimas habrían sido citadas, con carácter ‘obligatorio’ por actores armados, a lugares específicos en la frontera con Venezuela, sin que hayan regresado al seno de sus hogares.
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“Estos son hechos a los que debe ponérseles fin. Como en el caso de la sargento y sus dos hijos y pedimos a los actores armados ilegales que delinquen en la zona y a quienes están detrás de las desapariciones frenar de manera inmediata esta práctica cruel”, dijo el Defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis también les solicitó a las autoridades mayor control frente a este tipo de situaciones a lo largo de la frontera binacional, que ha afectado a ciudadanos de los dos países. “Algunas de las víctimas estarían siendo sometidas a torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si colaboran con grupos armados. Esta es una forma de violencia que subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a sus familias y a la sociedad en general”, manifestó Camargo Assis.
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Finalmente, dijo que existe un subregistro de casos, pues a las quejas por vulneración a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario se suman situaciones que, aunque las familias conocen, por temor a represalias no ponen en conocimiento de las autoridades.
