
El 8 de octubre de 2024 continúa la audiencia preparatoria en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente, el primero en la historia de Colombia en enfrentar un juicio penal, se retiró de la diligencia anterior argumentando la falta de garantías, mientras su defensa, liderada por Jaime Granados, presentó una tutela buscando la suspensión del proceso.
El reclamo de la defensa: el acceso tardío a pruebas clave La defensa de Uribe presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien preside el caso en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, vulneró el derecho al debido proceso de su cliente. Granados sostiene que la defensa solo tuvo acceso el 30 de septiembre a las pruebas digitales del computador y celular incautados al testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, y que no se les concedió una prórroga de siete días para realizar un peritaje exhaustivo.
Siga la audiencia preparatoria de juicio al expresidente Álvaro Uribe:
La insistencia de la jueza y la retirada de Uribe. Durante la audiencia pasada, la jueza Heredia rechazó la solicitud de prórroga, indicando que la defensa había tenido acceso a una copia espejo de las pruebas desde el 12 de septiembre. Ante la negativa y la insistencia de la jueza en que Uribe respondiera si aceptaba o no los cargos, el expresidente abandonó la audiencia, visiblemente molesto, al considerar que la justicia no le estaba brindando las garantías necesarias.
Intervención del procurador delegado. En esta nueva audiencia, el procurador delegado Bladimir Cuadro intervendrá ante la juez 44 de conoccimiento de Bogotá y los abogados representantes de víctimas.
El procurador Cuadro en la anterior diligencia apoyó la solicitud de suspensión de las diligencias presentada por la defensa, señalando la importancia de que todas las pruebas sean revisadas adecuadamente para garantizar una defensa justa.
Contexto del proceso:
Este caso, que se remonta a 2018 tras la denuncia del senador Iván Cepeda, ha generado gran controversia en Colombia. A pesar de los múltiples intentos de preclusión por parte de la Fiscalía, la acusación sigue firme, acusando a Uribe de manipular testimonios para favorecer su defensa y la de su hermano Santiago Uribe, quienes enfrentan investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares.
El proceso judicial contra Álvaro Uribe sigue captando la atención del país. Las próximas audiencias, programadas para el 9, 10, 11, 16 y 17 de octubre, definirán los próximos pasos en este histórico juicio, que tiene como fecha de prescripción el 8 de octubre de 2025.
Durante la audiencia preparatoria del 3 de octubre, el exmandatario decidió retirarse de la diligencia judicial. La jueza Sandra Liliana Heredia, quien preside el caso en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, le preguntó a Uribe si aceptaba o no los cargos de soborno a testigos y fraude procesal «Estoy condenado sin pruebas y no me permiten pruebas«. El expresidente visiblemente molesto le manifestó: «Ay señora juez por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta».
Los cargos
El caso se originó cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Uribe en 2018, basándose en indicios de que su abogado, Diego Cadena, habría sobornado a exparamilitares para obtener testimonios favorables en un litigio que enfrentaba al expresidente con el senador Iván Cepeda. Tras la renuncia de Uribe al Senado, este perdió la investidura y el caso fue trasladado a la Fiscalía, que en dos ocasiones solicitó archivar el proceso. Sin embargo, el fiscal Gilberto Villarreal, formuló una acusación formal contra Uribe.
Hace unas semanas el proceso fue asignado a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela Rodríguez.
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe inició en 2018 en la Corte Suprema, luego que el Senador Iván Cepeda denunciara supuestos sobornos a paramilitares recluidos en la cárcel. Seis años después la Fiscalía llama a juicio a Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Luego de dos solicitudes de preclusión y cinco fiscales que han estado a cargo del proceso penal se tenía programado para julio el comienzo del juicio.
En mayo, la Juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Herrera, rechazó la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de Uribe. Jaime Granados argumentaba que la indagatoria rendida por el expresidente ante la Corte Suprema de Justicia no equivalía a una imputación de cargos. Sin embargo, la juez Herrera señaló que este asunto ya había sido resuelto por la Corte Constitucional, la cual había determinado la equivalencia entre la indagatoria y la imputación de cargos, desestimando así los argumentos de la defensa. Por lo que el caso pasó al Tribunal Superior.
Durante la audiencia de acusación, del 24 de mayo de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal argumentó que Uribe habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para que influyera en los testimonios de estos testigos clave.
El 27 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de nulidad presentada por los abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana.
El Tribunal dejó en firme la acusación presentada contra el expresidente Álvaro Uribe. El proceso se retomará en la fase de audiencia preparatoria. La decisión del magistrado Manuel Antonio Merchán, concluyó que no había fundamento legal para aceptar la nulidad solicitada por la defensa, la acusación contra Uribe se mantiene bajo el concepto de dolo directo.
Según la fiscalía, se buscaba que estos testimonios fueran favorables para el expresidente y su hermano, ambos vinculados a investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares.