La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves la privación transitoria de la libertad de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, al término de la diligencia de indagatoria que rindió dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada por el despacho de la magistrada Cristina Lombana, que consideró que existía un riesgo de comparecencia dentro del proceso judicial que se adelanta contra la congresista por su presunta participación en el entramado de corrupción que sacudió a la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.
La medida implica que la legisladora permanecerá bajo custodia mientras continúa la diligencia judicial. Inicialmente se evaluó su traslado a instalaciones de la Dijín; sin embargo, la Corte determinó que será conducida a su lugar de residencia y nuevamente trasladada este viernes a las 8:00 de la mañana para continuar con la actuación procesal.
La diligencia ante la Corte Suprema
La congresista compareció este jueves ante la Sala de Instrucción luego de que la magistrada Lombana ordenara su conducción por parte de la Policía Nacional, tras registrarse dos aplazamientos previos de la diligencia.
A su llegada a la sede de la Corte Suprema, ubicada en el norte de Bogotá, Peralta defendió su comportamiento frente a las investigaciones y aseguró que siempre ha estado dispuesta a colaborar con la justicia.
«No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y estoy aquí. Yo siempre hago la cara, siempre he actuado con transparencia y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte«, manifestó la senadora antes de ingresar a la diligencia.
Sin embargo, al finalizar la jornada, el alto tribunal decidió imponer la medida de privación transitoria de la libertad para garantizar su comparecencia en el desarrollo de la investigación.
¿Qué investiga la Corte?
La investigación se relaciona con el escándalo de corrupción de la UNGRD, un caso que involucra a exdirectivos de la entidad, contratistas, congresistas y otros funcionarios públicos señalados de participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y asignación irregular de recursos públicos.
Según las investigaciones, la congresista es indagada por su presunta participación en la gestión de contratos relacionados con maquinaria amarilla y bolquetas destinados al departamento de La Guajira, por un valor cercano a los 2.170 millones de pesos.
La Sala de Instrucción busca establecer si existió un interés indebido en la celebración de contratos y posibles conductas relacionadas con tráfico de influencias para favorecer la asignación de recursos públicos.
De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, Peralta habría tenido un papel de articulación política dentro de un supuesto esquema mediante el cual se buscaba obtener apoyos y respaldos políticos a cambio de contratos y recursos estatales.
La diligencia de indagatoria tiene precisamente el propósito de escuchar la versión libre de la congresista frente a los hechos que son materia de investigación.
La defensa de la senadora
Martha Peralta ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que las actuaciones judiciales obedecen a una persecución política.
En diferentes escenarios públicos ha insistido en que no ha participado en actos de corrupción y que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
No obstante, la Corte Suprema continúa recopilando pruebas y testimonios dentro de uno de los expedientes más sensibles derivados del escándalo de la UNGRD.
¿Quién es Martha Peralta Epieyú?
Martha Peralta Epieyú es una dirigente política indígena del pueblo wayúu, oriunda del departamento de La Guajira.
Es abogada de profesión y desde el año 2022 ocupa una curul en el Senado de la República por el Pacto Histórico, la coalición política que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
Durante su trayectoria política ha trabajado en temas relacionados con derechos de los pueblos indígenas, desarrollo regional y representación de las comunidades étnicas del Caribe colombiano.
Su caso se convierte ahora en uno de los procesos de mayor relevancia dentro de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
