La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dentro de una investigación relacionada con las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ocurridas en el municipio de Ituango (Antioquia), así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en un expediente que permanecía en la Fiscalía desde 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió el fuero constitucional que mantenía el caso bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, la investigación pasó a la jurisdicción ordinaria y continuó en la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con información conocida en las últimas horas, la diligencia de indagatoria hace parte de una investigación que busca establecer si existen elementos suficientes para vincular penalmente al exmandatario con hechos ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Entre los delitos que han sido mencionados dentro de las investigaciones históricas relacionadas con estos hechos figuran homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, aunque corresponderá a la Fiscalía precisar oficialmente los cargos materia de investigación.
La reacción de Álvaro Uribe
El propio expresidente confirmó la decisión judicial a través de su cuenta en la red social X y posteriormente publicó un segundo mensaje en el que cuestionó la actuación de la Fiscalía.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”
A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones” expresidente Uribe
Y agregó “La señora fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía. De una vez me lleva a proceso para condenarme. Injusticia. Declara presión política«, escribió Uribe.
En otro mensaje, el exmandatario sostuvo que detrás de la decisión existiría una motivación política y reiteró su inocencia frente a los hechos investigados.
Las declaraciones del exjefe de Estado se produjeron a pocos días de la segunda vuelta presidencial, un contexto que ha generado reacciones tanto de sectores afines al uribismo como de organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas.
Quiénes figuran como víctimas y denunciantes
Dentro del proceso han sido reconocidas organizaciones y personas que han impulsado durante años el avance de las investigaciones. Entre ellas aparecen el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, quien ha participado en diversos procesos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
También han intervenido abogados representantes de víctimas, entre ellos Miguel Ángel del Río, quien meses atrás sostuvo públicamente que existían elementos para que la Fiscalía avanzara hacia una eventual indagatoria contra el exmandatario por estos hechos.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.
Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época.
La investigación de la Fiscalía también hace referencia a la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado.
De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe Velez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998.
“El exmandatario será citado próximamente a rendir indagatoria” Fiscalía
El contexto de los hechos investigados
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 en Ituango, Antioquia. Grupos paramilitares asesinaron a varios habitantes del corregimiento, en hechos que posteriormente fueron investigados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Un año después, en octubre de 1997, se produjo la masacre de El Aro, también en Ituango. La incursión paramilitar dejó múltiples víctimas mortales, desplazamientos forzados y el despojo de bienes de campesinos de la región. Las investigaciones judiciales y testimonios de exjefes paramilitares han llevado durante años a examinar posibles responsabilidades de funcionarios públicos de la época.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado en Medellín en febrero de 1998. Antes de su muerte había denunciado públicamente presuntos vínculos entre integrantes de organismos de seguridad y estructuras paramilitares que operaban en Antioquia. Su homicidio fue declarado crimen de lesa humanidad por la justicia colombiana.
Una investigación distinta al caso de los falsos testigos
Este expediente es independiente del proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal que enfrentó Uribe y por el cual fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en 2025. Aquella investigación se originó en denuncias relacionadas con la supuesta manipulación de testimonios de exparamilitares, mientras que el nuevo proceso está relacionado con hechos ocurridos durante la década de 1990 en Antioquia.
La citación a indagatoria no implica una declaración de responsabilidad penal. Se trata de una etapa procesal en la que la Fiscalía escucha la versión del investigado y evalúa si existen elementos suficientes para adoptar decisiones posteriores dentro del expediente.
La decisión de la Fiscalía se conoce en medio de un clima político marcado por la campaña para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, por lo que ya ha generado fuertes reacciones tanto de sectores políticos como de organizaciones defensoras de derechos humanos.