La senadora Martha Peralta Epieyú compareció este jueves 18 de junio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria dentro de la investigación que se adelanta por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La diligencia se llevó a cabo luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción por parte de la Policía Nacional, tras registrarse dos aplazamientos previos de la audiencia.
La congresista llegó a las instalaciones de la Corte, ubicadas en el norte de Bogotá, y aseguró que siempre ha atendido los requerimientos de la justicia.
“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, manifestó la senadora antes de ingresar a la diligencia.
¿Por qué fue conducida a la Corte?
La medida ordenada por la magistrada Lombana corresponde a una figura procesal denominada conducción, la cual tiene como propósito garantizar la comparecencia de una persona a una diligencia judicial cuando, pese a haber sido citada previamente, no ha asistido.
Expertos consultados han precisado que esta figura no equivale a una captura ni implica una medida de aseguramiento. Su finalidad es exclusivamente asegurar la presencia del investigado ante la autoridad judicial.
Según trascendió, Peralta había solicitado en dos oportunidades el aplazamiento de la diligencia, situación que llevó a la Sala de Instrucción a ordenar su traslado para que compareciera a la audiencia programada para las 2:30 de la tarde.
Los señalamientos contra la congresista
La investigación contra la senadora se desarrolla en el marco del escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD y que ha involucrado a exdirectivos de la entidad, contratistas, congresistas y altos funcionarios.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Corte, Peralta es investigada por presuntas gestiones relacionadas con contratos financiados por la UNGRD, entre ellos uno por aproximadamente 2.170 millones de pesos destinado al suministro de maquinaria amarilla y volquetas para el municipio de Riohacha, en La Guajira.
Además, dentro del expediente se menciona a la congresista como una posible articuladora política de un supuesto esquema de asignación de contratos y recursos públicos que habría sido utilizado para obtener respaldos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional.
La Corte busca establecer si existió alguna participación de la senadora en la gestión, direccionamiento o intermediación de recursos provenientes de la entidad.
¿Qué delitos investiga la Corte?
Aunque la Sala de Instrucción aún no ha formulado una acusación formal ni ha definido la situación jurídica de la congresista, las investigaciones relacionadas con el escándalo de la UNGRD han girado alrededor de posibles conductas como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, concierto para delinquir, cohecho y peculado por apropiación.
La diligencia de indagatoria tiene precisamente el propósito de escuchar la versión libre de la senadora frente a los hechos y permitirle ejercer su derecho de defensa antes de que la Corte adopte eventuales decisiones procesales.
¿Quién es Martha Peralta?
Martha Peralta Epieyú es una dirigente política indígena del pueblo Wayuu, oriunda del departamento de La Guajira. Es abogada de profesión y ha desarrollado gran parte de su trayectoria pública en temas relacionados con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el acceso al agua, el desarrollo regional y las políticas sociales para comunidades vulnerables de la región Caribe.
Peralta llegó al Congreso de la República en las elecciones de 2022 como integrante de la coalición del Pacto Histórico, convirtiéndose en una de las principales voces indígenas dentro del Senado. Antes de ocupar una curul, participó en distintos espacios de representación social y política en La Guajira, donde adquirió reconocimiento por su trabajo con comunidades Wayuu y organizaciones territoriales.
Durante su ejercicio legislativo ha integrado comisiones relacionadas con asuntos territoriales, ambientales y de control político, además de impulsar debates sobre la situación humanitaria de La Guajira, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y la protección de los derechos de las comunidades étnicas. Su figura política ha estado estrechamente vinculada al proyecto político del presidente Gustavo Petro y al fortalecimiento de la representación de los pueblos indígenas en las instituciones nacionales.
Peralta habla de persecución política
Antes de ingresar a la diligencia, la congresista sostuvo que el proceso en su contra tendría motivaciones políticas.
“Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de un proceso en curso. Es una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y esclarecer los hechos. Como siempre, estoy dispuesta a colaborar con la justicia y a aportar toda la información que sea necesaria para aclarar cualquier duda o malentendido que pueda existir”, señaló.
La senadora también ha insistido en que es inocente de los señalamientos y que acudirá a las instancias judiciales para demostrarlo.
El contexto del caso UNGRD
El escándalo de la UNGRD estalló tras revelarse presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, especialmente en la adquisición de carrotanques para abastecer de agua a comunidades de La Guajira.
Las investigaciones derivaron en declaraciones de varios exfuncionarios, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han entregado información a las autoridades sobre un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y reparto de recursos públicos a cambio de apoyos políticos.
El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro y mantiene abiertas investigaciones tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control.
Tras escuchar a la senadora Martha Peralta, la Sala de Instrucción deberá evaluar las pruebas recopiladas y definir los próximos pasos dentro del proceso, incluida una eventual decisión sobre su situación jurídica.
