Fiscalía abrió investigación preliminar contra Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, Director de Inteligencia; Luis Fernando Velasco exministro del Interior y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, por escándalo de corrupción en la UNGRD.
Los funcionarios han sido mencionados por Olmedo López, ex director de la UNGRD y Sneider Pinilla ex subdirector de la Unidad, en la investigación por presunta corrupción para obtener los votos favorables de algunos Congresistas para la aprobación de las Reformas a la Salud y Pensiones.
En las últimas horas se conocieron unos chats que vincularían al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el ex subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla investigado por presunta corrupción.
En las conversaciones se habla de contratos que superaban los $92.000 millones para ser ejecutados en los municipios de El Salado, en Bolívar, Cotorra Bolívar y Saravena en Arauca.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, declaró ante la Fiscalía General de la Nación, señalando al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de la matriz de colaboración que detalla la presunta corrupción dentro de la entidad.
Ricardo Bonilla es el segundo ministro mencionado en este escándalo, el primero fue el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según el abogado de López, José Luis Moreno, el documento entregado a la Fiscalía menciona otros 25 nombres, involucrando a funcionarios y congresistas en la trama de corrupción.
López ha aportado documentos, chats y pruebas de georeferenciación que podrían corroborar sus afirmaciones.
Olmedo López reveló la existencia de un supuesto “cónclave” conformado por cinco personas, entre ellos Velasco y Bonilla. Este grupo, según López, tomaba decisiones cruciales para desviar recursos de los contratos de la UNGRD, que posteriormente eran utilizados para promover reformas sociales del presidente y financiar campañas electorales. Entre los implicados, se mencionan también a Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.
Según las declaraciones, se habrían distribuido más de 11.200 millones de pesos en sobornos a políticos. Iván Name, presidente del Senado, habría recibido 3.000 millones de pesos a través de Sandra Ortiz, mientras que Andrés Calle, presidente de la Cámara, habría recibido 1.000 millones en su apartamento en Montería. Estos fondos se destinarían a influir en las elecciones locales de octubre de 2023.
Todos los implicados han negado su participación en los hechos de corrupción.
