La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, en medio de la controversia generada por la decisión con la que intentó suspender provisionalmente de su cargo al entonces presidente Gustavo Petro durante la campaña para la segunda vuelta presidencial.
La congresista, quien llegó al Congreso en alianza con el Pacto Histórico y hace parte del movimiento Fuerza de la Paz, se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cuando expidió un auto mediante el cual ordenó apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado por la investigación que adelantaba en su contra por una presunta participación en política.
Una decisión sin precedentes
El auto firmado por Arizabaleta buscaba suspender a Petro hasta después de la segunda vuelta presidencial, una medida que desató un intenso debate jurídico y político, debido a que numerosos expertos señalaron que la congresista carecía de competencia para adoptar esa determinación de manera individual.
La actuación también derivó en una suspensión provisional impuesta por la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la representante habría extralimitado sus funciones al ordenar una medida cautelar que no estaba dentro de sus atribuciones legales.
Los delitos que investiga la Corte
De acuerdo con la actuación conocida, la Corte Suprema indaga si la congresista incurrió en los delitos de:
- Concusión.
- Prevaricato por acción.
- Tráfico de influencias.
- Revelación de secreto.
Como parte del proceso, la Sala de Instrucción ya había practicado diligencias judiciales en la oficina de Arizabaleta en el Congreso, donde realizó una inspección, selló el despacho y efectuó copias de la información almacenada en los equipos informáticos para avanzar en la recolección de pruebas.
Las declaraciones de Petro
Tras conocerse la decisión de la entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gustavo Petro aseguró que detrás de esa actuación existía un intento de «extorsión».
Sin ofrecer mayores detalles en ese momento, afirmó que Arizabaleta le había solicitado «cosas que yo no he querido dar», pese a que hacía parte de la misma coalición política que respaldó su Gobierno.
Posteriormente, el entonces mandatario pidió que varios de sus ministros declararan bajo juramento ante la Corte Suprema para explicar las circunstancias a las que hacía referencia con esas afirmaciones.
¿Podía la Comisión de Acusaciones suspender al Presidente?
La polémica también reabrió el debate sobre las competencias constitucionales para retirar temporalmente del cargo a un presidente de la República.
Aunque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es el órgano encargado de investigar a los altos dignatarios del Estado, entre ellos el presidente, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes, ningún representante investigador puede ordenar por sí solo la suspensión del jefe de Estado.
La Constitución establece que un eventual retiro del cargo solo puede darse tras un procedimiento complejo que comienza con la investigación en la Comisión de Acusaciones, continúa con la aprobación de la Cámara de Representantes y culmina con una decisión del Senado de la República.
En la historia reciente de Colombia, únicamente el entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt fue separado de su cargo por decisión del Senado, en 2016. Ningún presidente de la República ha sido suspendido mediante este procedimiento.
Quién es Gloria Arizabaleta
Gloria Arizabaleta fue representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca. Llegó al Congreso en la lista del Pacto Histórico y posteriormente integró el movimiento Fuerza de la Paz. Durante la última legislatura presidió la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, corporación encargada de conocer las investigaciones contra los altos funcionarios con fuero constitucional.
Con la apertura de esta investigación, será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar si la actuación de la congresista constituyó conductas delictivas y si existen méritos para avanzar hacia una eventual acusación formal.