El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre los riesgos de desplazamiento forzado o confinamiento que enfrentan las comunidades de 12 regiones del país por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo.
“Resulta lamentable que durante el mes de junio se hayan presentado 26 eventos de movilidad humana forzada en 12 departamentos del país: Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Vichada. Nos preocupa que allí persisten situaciones complejas que impiden la superación del fenómeno de desplazamiento forzado masivo”, aseguró el Defensor del Pueblo.
A través de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo también pudo establecer que durante el primer semestre de este año se registró una disminución de los casos de desplazamiento forzado en relación con los registrados en el mismo periodo de 2021.
Mientras en los primeros seis meses de 2021 se presentaron 107 eventos de desplazamiento masivo forzado, que afectaron a 46.635 personas de 16.212 familias, durante el mismo periodo de 2022 se registran 92 eventos de desplazamiento masivo forzado, con 32.262 personas víctimas pertenecientes a 11.205 familias.
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“Para la Defensoría del Pueblo, a pesar de la disminución de estos hechos vulneratorios de los derechos, sigue siendo preocupante que miles de personas tengan que verse forzadas a dejar su territorio o que se vean obligadas a permanecer encerradas porque los grupos armados los siguen victimizando”, dijo Carlos Camargo.
“Desde la Defensoría del Pueblo instamos a las entidades del Estado a aunar esfuerzos para que los planes de retorno y reubicación se adelanten con acciones efectivas en el restablecimiento de los derechos de las comunidades afectadas. La falta de respuesta y atención en los lugares de recepción, y la escasez de acciones encaminadas a la activación de mecanismos de corresponsabilidad y subsidiariedad no puede seguirse presentando en la atención de los eventos de movilidad humana forzada, especialmente cuando la capacidad técnica y administrativa de los entes municipales es insuficiente”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
