La justicia encontró uso indebido de bienes públicos
El exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y el entonces gerente del IMDRI, Alejandro Ortiz Ortiz, fueron condenados a dos años y seis meses de prisión por utilizar de manera irregular el principal escenario deportivo de la capital tolimense para una celebración familiar. El caso generó polémica nacional por el ingreso de vehículos a la gramilla y el uso de instalaciones públicas para un evento privado.
La justicia colombiana emitió un nuevo fallo relacionado con uno de los episodios más controvertidos de la administración municipal de Ibagué. Un juez penal de conocimiento condenó en primera instancia al exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y al entonces gerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué (IMDRI), Alejandro Ortiz Ortiz, a dos años y seis meses de prisión por el delito de peculado por uso, tras comprobarse que el estadio Manuel Murillo Toro fue utilizado irregularmente para la celebración del cumpleaños número 13 de su hijo en marzo de 2021.
El exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y al entonces gerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué (IMDRI), Alejandro Ortiz Ortiz, fueron condenados a dos años y seis meses de prisión por el delito de peculado por uso
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el escenario deportivo, considerado uno de los principales bienes públicos de la ciudad, fue empleado para festejar el cumpleaños de un familiar del entonces mandatario el 6 de marzo de 2021.
Un cumpleaños que terminó en investigación judicial
El caso se convirtió en noticia nacional cuando comenzaron a circular imágenes y videos de la celebración realizada dentro del estadio. En ellas se observaba la presencia de invitados participando en actividades recreativas sobre el terreno de juego, mientras que varios vehículos ingresaban a zonas restringidas del complejo deportivo.
Las investigaciones establecieron que el evento no correspondía a una actividad institucional ni deportiva oficial, sino a una celebración privada organizada con anticipación. De acuerdo con las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se programó incluso un partido de fútbol recreativo que contó con árbitros y narradores.
Posteriormente, los asistentes continuaron la celebración en los camerinos del estadio, donde se instaló decoración especial para la ocasión y se dispusieron actividades de recreación, tortas, regalos y otros elementos propios de una fiesta infantil.
El debate por la gramilla del estadio
Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó en la opinión pública fue la protección de la gramilla del Manuel Murillo Toro, escenario que tradicionalmente alberga los partidos del Deportes Tolima y que requiere estrictos protocolos de mantenimiento y conservación.
Según la investigación de la Fiscalía, la actividad ocasionó desgaste del césped debido al tránsito de personas y al movimiento de vehículos dentro de áreas destinadas exclusivamente para actividades deportivas. El ente acusador también concluyó que hubo utilización de servicios públicos y de espacios internos del estadio para fines particulares.
Entre las evidencias analizadas se documentó el ingreso y estacionamiento de cerca de 30 vehículos particulares y oficiales, incluida la camioneta asignada al entonces alcalde de la ciudad.
Para especialistas en administración de escenarios deportivos, el acceso de automotores a zonas cercanas a la gramilla puede afectar la compactación del terreno y alterar las condiciones necesarias para la práctica del fútbol profesional. Precisamente por ello, los estadios suelen contar con restricciones estrictas para preservar el estado del césped.
Sin permisos ni registros oficiales
Otro de los hallazgos fundamentales del proceso judicial tuvo que ver con la ausencia de autorización formal para la utilización del escenario.
La Fiscalía logró demostrar que en los archivos del IMDRI no existían solicitudes de préstamo, contratos, permisos ni registros administrativos que avalaran la realización de la actividad privada. Tampoco aparecía programado el evento dentro de la agenda oficial del instituto encargado de administrar los escenarios deportivos de la ciudad.
Los investigadores concluyeron que la celebración se llevó a cabo utilizando recursos públicos sin que se cumpliera el procedimiento requerido para el préstamo o uso de la infraestructura municipal.
El delito por el que fueron condenados
Con base en las pruebas recopiladas, el juez determinó que Hurtado y Ortiz incurrieron en el delito de peculado por uso, una conducta que se configura cuando un servidor público utiliza bienes del Estado para fines distintos a los establecidos legalmente o para beneficio particular.
La Fiscalía sostuvo que los acusados permitieron el uso de instalaciones, servicios y recursos públicos para una actividad familiar ajena a la función institucional, circunstancia que derivó en la condena.
Un caso que marcó la administración municipal
La controversia alrededor de la fiesta en el Manuel Murillo Toro acompañó durante años al exalcalde Hurtado. Desde que se conocieron las imágenes del evento, distintos sectores políticos, ciudadanos y organismos de control cuestionaron la utilización de uno de los escenarios deportivos más importantes del Tolima para una celebración privada.
El estadio, inaugurado en 1955 y considerado un símbolo deportivo de la región, ha sido objeto de inversiones públicas para su adecuación y mantenimiento, razón por la cual cualquier uso diferente al deportivo o institucional suele generar especial atención de las autoridades y de la ciudadanía.
La sentencia conocida este 30 de julio de 2026 constituye uno de los desenlaces judiciales más relevantes derivados de ese episodio. Sin embargo, la decisión aún no está en firme, ya que corresponde a una condena de primera instancia y contra ella proceden los recursos legales contemplados por la legislación colombiana.
Mientras avanza el trámite judicial, el fallo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de los bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de escenarios financiados con recursos de todos los ciudadanos.