El juez Hugo Junior Carbonó Ariza aseguró que su despacho ha actuado con diligencia en el proceso contra el exdiputado Nicolás Petro Burgos y respondió a las declaraciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre el tiempo que ha tomado la audiencia preparatoria. El expediente está actualmente en el Tribunal Superior de Barranquilla por las apelaciones relacionadas con cerca de 800 pruebas.
BARRANQUILLA. El juez Hugo Junior Carbonó Ariza, titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y encargado del proceso penal contra el exdiputado Nicolás Petro Burgos, salió públicamente a responder a las declaraciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre las demoras que ha tenido el proceso.
A través de un comunicado oficial, Carbonó sostuvo que la prolongación de la actuación no puede atribuirse a su despacho y aseguró que, pese a la magnitud del expediente, el juzgado consiguió llevar el caso hasta las puertas del juicio oral.
La respuesta se produjo después de que Camargo señalara, en una entrevista con Noticias Caracol, que el proceso llevaba cerca de dos años y medio en audiencia preparatoria por asuntos relacionados con la agenda judicial, según recoge el comunicado del juzgado.
Carbonó respondió que esa afirmación está “fuera de contexto” y destacó que su despacho tuvo que estudiar aproximadamente 1,5 millones de elementos probatorios.
“Frente a dicha afirmación, resulta necesario precisar que esta se encuentra fuera de contexto, toda vez que, pese al voluminoso y extenso material probatorio sometido a consideración del Despacho, la audiencia preparatoria fue culminada en un tiempo récord, si se tiene en cuenta que comprendió el análisis de 1,5 millones de elementos probatorios”.
Esta circunstancia, según el juez, fue reconocida por la propia fiscal especializada encargada del proceso.
El expediente esta en el Tribunal
Uno de los puntos centrales de la aclaración es que actualmente el expediente no se encuentra en el Juzgado Segundo Penal Especializado.
De acuerdo con Carbonó, el proceso fue remitido el 17 de junio de 2026 al Tribunal Superior de Barranquilla, donde deben resolverse los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la defensa frente a las decisiones sobre las pruebas que podrán utilizarse durante el juicio oral.
El expediente quedó en manos del magistrado Demóstenes Camargo De Ávila.
Según el comunicado, existen cerca de 800 pruebas objeto de apelación, que ahora deberán ser revisadas por el Tribunal antes de que el proceso pueda continuar hacia el juicio.
“Cerca de 800 pruebas fueron objeto de apelación, recursos que actualmente deben ser analizados por el Tribunal y cuyo estudio también requiere del tiempo necesario por parte del magistrado para adoptar la decisión correspondiente”.
Es decir, de acuerdo con la explicación del juez, el avance hacia el juicio oral depende actualmente de la resolución de esos recursos por parte del Tribunal Superior.
¿Quién es el juez Hugo Carbonó?
Hugo Junior Carbonó Ariza es el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y desde 2024 tiene bajo su conocimiento el proceso contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
El juez Jorge Eliécer Carbonó tiene más de 30 años de experiencia en la Rama Judicial, ha ocupado diferentes cargos en procesos relacionados con algunos de los casos más complejos y sensibles del país. Nacido en Ciénaga, Magdalena, Carbonó inició su carrera como juez sin rostro en Bogotá y Cundinamarca, una figura creada para proteger a los operadores judiciales que enfrentaban procesos contra organizaciones criminales y estructuras de alto impacto en materia de orden público.
A lo largo de su carrera, Carbonó estuvo al frente de investigaciones y decisiones judiciales de gran relevancia nacional. Entre los procesos más destacados se encuentra el relacionado con el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, caso en el que participó en decisiones que llevaron a condenas contra varios de los responsables materiales. También tuvo un papel importante en procesos contra figuras de alto perfil como el exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, y el exministro Alberto Santofimio Botero. Igualmente, conoció investigaciones entre ellas el recordado caso del collar bomba de Elvia Cortés, uno de los episodios criminales más recordados en la historia reciente del país.
Su trayectoria también incluye su desempeño como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla en Justicia y Paz, así como su paso por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Carbonó ha tenido que resolver durante la audiencia preparatoria extensas solicitudes probatorias presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa.
Una de sus decisiones más relevantes se produjo en 2026, cuando determinó excluir como prueba varios interrogatorios rendidos por Nicolás Petro durante los acercamientos que mantuvo con la Fiscalía para explorar una eventual negociación judicial.
El juez consideró que esas declaraciones estaban vinculadas con conversaciones dirigidas a conseguir beneficios judiciales y ratificó su exclusión después de negar un recurso de reposición presentado por la Fiscalía.
584 audiencias programadas durante 2026
Carbonó también respondió a los cuestionamientos sobre su agenda judicial.
De acuerdo con el comunicado, solamente durante este año el Juzgado Segundo Penal Especializado de Barranquilla ha programado aproximadamente 584 audiencias correspondientes a diferentes procesos.
Pese a esa carga, sostuvo el despacho, se consiguió avanzar en el expediente de Nicolás Petro hasta terminar la audiencia preparatoria.
“El juez Hugo Carbonó ha actuado con diligencia en el trámite del proceso, teniendo en cuenta, además, la importancia que este representa para el país”.
El documento sostiene igualmente que el juzgado no ha permitido aplazamientos injustificados y que cuando alguna diligencia no ha podido realizarse se han programado fechas próximas para mantener la continuidad del proceso.
Las compulsas de copias contra fiscales y defensa
Otro punto que destaca Carbonó es que durante la actuación ha tomado decisiones que han involucrado tanto a la Fiscalía como a la defensa, lo que presenta como evidencia de la imparcialidad de su despacho.
El juez señala que ha ordenado compulsar copias respecto de los fiscales Mario Burgos y Lucy Marcela Laborde.
También lo hizo respecto de Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con el trámite judicial.
Estas compulsas de copias no implican por sí mismas una declaración de responsabilidad. Corresponde a las autoridades que reciben la información determinar si existe mérito para iniciar o continuar las actuaciones correspondientes.
¿De qué acusan a Nicolás Petro?
Nicolás Petro, exdiputado de la Asamblea del Atlántico e hijo del expresidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
La investigación se hizo pública en 2023 y posteriormente la Fiscalía formuló acusación.
Una de las tesis centrales del ente investigador es que, mientras Nicolás Petro se desempeñaba como diputado, habría recibido sumas de dinero que no correspondían a sus ingresos legalmente declarados y habría incrementado injustificadamente su patrimonio.
En actuaciones judiciales anteriores, la Fiscalía ha sostenido que parte de esos recursos habría provenido de personas como Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro’, y que existieron dineros inicialmente relacionados con aportes que presuntamente tenían como destino la campaña presidencial de 2022.
Nicolás Petro ha rechazado su responsabilidad y se ha declarado inocente de los delitos por los que fue acusado.
Será precisamente durante el eventual juicio oral donde la Fiscalía deberá demostrar su acusación y la defensa podrá controvertir las pruebas. Petro conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El comunicado completo del juez Hugo Carbonó
A continuación, FOCUS NOTICIAS reproduce el comunicado suministrado del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla:
“COMUNICADO OFICIAL A LA OPINIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BARRANQUILLA
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, en ejercicio de la facultad de comunicación y divulgación prevista en el artículo 64 de la Ley 270 de 1996, conforme al cual los funcionarios de la Rama Judicial pueden informar, por razones de pedagogía jurídica, sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales, y en desarrollo de los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información consagrados en los artículos 20, 74 y 228 de la Constitución Política, se permite efectuar las siguientes precisiones respecto del trámite adelantado dentro del proceso de la referencia. Esta facultad fue examinada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996.
Lo anterior, ante la información divulgada públicamente según la cual la prolongación de la actuación penal obedecería a causas atribuibles a este Despacho, y con el propósito de que la ciudadanía disponga de información objetiva, verificable y sustentada exclusivamente en las actas, providencias y demás actuaciones que integran el expediente.
Esta comunicación se emite igualmente en observancia del principio de publicidad previsto en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, sin perjuicio de las restricciones legales dirigidas a proteger la intimidad, la reserva judicial, la presunción de inocencia y el derecho de las partes e intervinientes a un juicio justo. La Honorable Corte Constitucional ha reconocido que la publicidad de las actuaciones judiciales favorece el control ciudadano sobre la administración de justicia, siempre que su ejercicio no genere juicios paralelos ni afecte las garantías fundamentales de quienes participan en el proceso.
En ese contexto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla ha actuado de manera diligente en el proceso que se adelanta contra el exdiputado Nicolás Petro, acusado por la Fiscalía de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Actualmente, el proceso se encuentra en el Tribunal Superior de Barranquilla, que deberá resolver las apelaciones presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía respecto de las pruebas admitidas y no admitidas por el juez para el juicio oral.
El proceso fue remitido por el Juzgado al Tribunal el pasado 17 de junio y, de acuerdo con el reparto efectuado, quedó a cargo del magistrado Demóstenes Camargo De Ávila.
El juez Hugo Carbonó ha actuado con diligencia en el trámite del proceso, teniendo en cuenta, además, la importancia que este representa para el país. Solo durante este año, pese a que en el mencionado Juzgado han sido programadas aproximadamente 584 audiencias correspondientes a diferentes procesos, el togado ha logrado avanzar en el caso de Nicolás Petro hasta llevarlo a las puertas del juicio oral.
En un tiempo reducido, el Despacho logró analizar 1,5 millones de elementos probatorios presentados por las partes y adoptó las decisiones correspondientes respecto de su admisión o inadmisión para ser utilizados en el juicio oral, tanto por la defensa como por la Fiscalía.
Cerca de 800 pruebas fueron objeto de apelación, recursos que actualmente deben ser analizados por el Tribunal y cuyo estudio también requiere del tiempo necesario por parte del magistrado para adoptar la decisión correspondiente.
El Juzgado ha mantenido una actuación imparcial durante el proceso e, incluso, ha compulsado copias respecto de los dos fiscales que han estado a cargo del caso, Mario Burgos y Lucy Marcela Laborde, así como respecto del abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, por presuntas irregularidades relacionadas con el mismo proceso.
Asimismo, el Despacho no ha permitido aplazamientos injustificados de las audiencias programadas y, cuando estas no han podido realizarse, pese a la carga laboral existente, ha fijado fechas próximas con el propósito de garantizar la continuidad y el avance de la actuación.
Lo que dijo la Fiscal General
La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, indicó el día anterior, en una entrevista concedida a Noticias Caracol, que el proceso lleva dos años y medio en audiencia preparatoria por asuntos relacionados con la agenda judicial.
Frente a dicha afirmación, resulta necesario precisar que esta se encuentra fuera de contexto, toda vez que, pese al voluminoso y extenso material probatorio sometido a consideración del Despacho, la audiencia preparatoria fue culminada en un tiempo récord, si se tiene en cuenta que comprendió el análisis de 1,5 millones de elementos probatorios. Esta circunstancia, además, fue reconocida por la propia fiscal especializada a cargo del caso”
El pronunciamiento abre un nuevo capítulo alrededor de los tiempos del proceso: mientras la fiscal general hizo referencia a la duración de la etapa preparatoria y a asuntos de agenda judicial, Carbonó sostiene que su despacho actuó con diligencia, terminó esa fase pese al volumen extraordinario de evidencia y remitió el expediente al Tribunal desde junio.
La siguiente decisión procesal relevante estará ahora en manos del Tribunal Superior de Barranquilla, que deberá pronunciarse sobre las apelaciones relacionadas con las pruebas antes de que el expediente pueda avanzar hacia el juicio oral.
