El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que el derecho a la salud sigue siendo el más vulnerado y por el cual durante 2021 se interpusieron 92.499 acciones de tutelas, con mayor representación en los departamentos de Arauca, Caldas, Norte de Santander, Quindío y Amazonas.
De acuerdo con el informe anual sobre la tutela en Colombia, de la Defensoría del Pueblo, el departamento más afectado es Arauca, con 71,2 tutelas por cada 10.000 habitantes, 101% más que las interpuestas en 2020; le sigue Caldas con una relación de 58,4; Norte de Santander con 44,7, Quindío con 31,08 y Amazonas con 30,8.
“Al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud encontramos que los ciudadanos en las zonas de frontera -receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuentas de las acciones de grupos armados ilegales, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El estudio concluyó que las Eps que han sido liquidadas fueron contra las que más tutelas se presentaron: la liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10 mil afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva con 40,23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud –SOS con 24,04, y Ecoopsos con 22,61.
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Uno de los hechos por los que más acciones de tutela se presentan es por la falta de oportunidad en las citas con especialistas.
Las citas con especialistas que más fueron tuteladas son: ortopedia con un 13,1%, seguida de oncología con el 10,5%, neurología 9,1%, neurocirugía 6,2% y oftalmología 5% del total de tutelas en materia de salud en el país durante el último año.
En el encuentro, desarrollado con la Corte Constitucional, la Corporación Excelencia en la Justicia y la Universidad Sergio Arboleda, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los agentes que prestan el servicio de salud para que garanticen el derecho fundamental.
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De la misma forma, el Defensor del Pueblo resaltó que la acción de tutela cambió el paradigma de la protección de los derechos en Colombia, ya que ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser meros enunciados formales, a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas.
