Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron enviados a centro carcelario, señalados de presuntamente torturar a un hombre privado de la libertad para obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados implicados son el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, así como la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez.
Los hechos se remontan al 9 de julio de 2025, cuando la víctima habría sido sacada bajo engaños de la estación de Policía de San Vicente Ferrer y trasladada a una zona rural del municipio de La Ceja. Allí, según la investigación, los uniformados lo habrían intimidado mostrándole herramientas como una pala y una pica, y amenazándolo con enterrarlo si no entregaba la información solicitada.
El hombre logró escapar y llegó hasta una finca en zona rural de La Unión, donde recibió ayuda. Posteriormente, fue puesto en contacto con unidades de la Dijín y se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.
Dos días después, el intendente Herrera Hernández, en calidad de subcomandante de la estación de Policía de San Vicente Ferrer, habría reportado falsamente que el detenido se fugó durante un traslado médico.
Por estos hechos, un fiscal especializado imputó a los cuatro uniformados el delito de tortura. Adicionalmente, al intendente Herrera Hernández se le acusó de falsedad ideológica en documento público.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión fue apelada por la defensa y será revisada por un juez de segunda instancia.
