La audiencia de imputación contra nueve personas capturadas por el presunto entramado de corrupción alrededor de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) avanza este 16 de abril, en medio de una investigación que apunta al direccionamiento de 101 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 496.000 millones de pesos. Entre los expedientes que hoy generan mayor atención está el contrato para el mejoramiento de vías rurales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con recursos superiores a 30.400 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, los hoy procesados habrían usado la figura de esquema asociativo de municipios para lograr que Aremca fuera designada como ejecutora de proyectos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenidos esos avales, según el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados en medio de presuntas irregularidades en su adjudicación, ejecución y manejo de recursos públicos.
Siga la audiencia de imputación a los 9 capturados en este millonario desfalco:
La investigación señala que los proyectos comprometidos estaban relacionados con obras civiles, interventorías y planes ambientales, así como iniciativas de saneamiento básico, agricultura y alimentación, en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba. La Fiscalía sostiene además que, dentro de ese entramado, se habría producido una apropiación indebida de al menos 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían ejecutarse en Arauca.
Otro de los hallazgos expuestos por el ente acusador es que Aremca presuntamente dejó de retener cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, un tributo equivalente al 5 % del valor de los contratos estatales y destinado al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon.
Los nueve capturados fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. Según la Fiscalía, entre ellos estarían el presunto creador del esquema, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de Aremca. Las capturas fueron realizadas por el CTI en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar.
En la diligencia ante juez de control de garantías, la Fiscalía les atribuye, de manera individual, delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.
El capítulo de San Andrés tomó nueva relevancia este jueves luego de que la Procuraduría General de la Nación sancionara en primera instancia con destitución e inhabilidad general por 15 años a Emilia Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de Aremca, por irregularidades en la adjudicación y suscripción del contrato de obra para el mejoramiento de vías rurales priorizadas del archipiélago. El órgano de control concluyó que el proceso se adelantó mediante invitación pública, pese a que debía realizarse por licitación pública y con pliegos tipo, al tratarse de una entidad estatal que ejecutaba recursos del Sistema General de Regalías.
La Procuraduría indicó que el pliego de condiciones elaborado por Aremca no se ajustó al modelo obligatorio de pliegos tipo expedido por Colombia Compra Eficiente para ese momento, y sostuvo que la entonces directora actuó en contravía de los principios que rigen la contratación estatal. El fallo, por ahora, es de primera instancia y puede ser apelado.
Ese mismo contrato en San Andrés ya había generado actuaciones disciplinarias contra el entonces gobernador del archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen. En marzo de 2025, la Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades relacionadas con ese proyecto vial, que en ese momento fue reportado con una financiación superior a 31.700 millones de pesos.
La audiencia de imputación marca apenas el comienzo de un proceso judicial que podría escalar en los próximos días, mientras la Fiscalía intenta establecer el alcance real del presunto desfalco y el eventual impacto de las decisiones contractuales adoptadas a través de Aremca.