El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, se pronunció sobre las denuncias de presunto acoso sexual al interior del canal y anunció la apertura de una investigación independiente que estará liderada por la jurista Catalina Botero Marino. La declaración se conoce en medio de una crisis interna que ya dejó la salida de dos de los rostros más reconocidos de la casa, Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, y mientras avanzan actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Trabajo. Caracol terminó el contrato laboral de Orrego y acordó de común acuerdo con el periodista la salida de Vargas, en ambos casos en medio de denuncias de presunto acoso sexual formuladas por varias mujeres.
En un comunicado, Córdoba centró su mensaje en el reconocimiento de la gravedad de la situación, en la necesidad de escuchar a las denunciantes y en la obligación institucional de revisar lo ocurrido. “Las instituciones, como las personas, son juzgadas en los momentos en que se ven obligadas a mirarse con honestidad”, señaló al inicio del texto. Añadió que hay circunstancias en las que una organización “no puede ampararse en su historia, en sus logros o en su prestigio” y que debe responder a una pregunta de fondo: “qué principios la sostienen y qué límites está dispuesta a reconocer”. En otro de los apartes más fuertes del pronunciamiento, Córdoba afirmó: “Hoy me dirijo a ustedes consciente de la gravedad del momento que atravesamos”.
El presidente del canal también incluyó un mensaje directo a quienes dicen haber sido afectadas por conductas impropias dentro o fuera de la empresa. “A quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos profundamente”, escribió. Luego agregó: “Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo” y advirtió que, si hubo conductas indebidas, “deben conocerse y deben tener consecuencias”. En esa misma línea, afirmó que la empresa no buscará relativizar lo ocurrido: “No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada. La verdad es la única base posible para preservar la confianza”.
Uno de los anuncios centrales del comunicado fue la creación de una instancia externa para revisar los hechos y proponer correctivos. Córdoba explicó: “Hemos decidido avanzar en una investigación independiente, que teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ponga el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro”. Precisó que ese trabajo será asumido por “una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino” y destacó que contará con “todas las garantías necesarias para asegurar que cada persona pueda ser escuchada con respeto y confidencialidad”. Sobre Botero recordó su trayectoria como “magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos y honores”.
Córdoba vinculó la decisión con una revisión más amplia de la cultura organizacional. “Las instituciones tienen la responsabilidad de comprender ese cambio y de actuar en consecuencia”, señaló. También sostuvo que “nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio”. En ese contexto, anunció una serie de medidas internas: “Vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables”. Sin embargo, matizó que las reglas no bastan por sí solas y advirtió que “ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto”.
En uno de los apartes centrales de su pronunciamiento, Gonzalo Córdoba fijó una posición institucional frente a la gravedad de las denuncias y a la necesidad de revisar de fondo la cultura interna del canal. “Aquí debe existir una certeza clara: nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio. Vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables. Sin embargo, ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto”, señaló el presidente de Caracol, en un mensaje con el que buscó dejar claro que la respuesta de la empresa no se limitará a decisiones puntuales, sino que también incluirá cambios en sus mecanismos de prevención y atención.
El mensaje cerró con un llamado explícito a proteger a quienes ya hablaron y a quienes todavía no se sienten en condiciones de hacerlo. “A quienes han tenido el valor de hablar, les debemos respeto”, escribió. Y añadió: “A quienes todavía no se sienten en condiciones de hacerlo, deben saber que este también es su espacio”. Para Córdoba, la fortaleza de una organización se mide por su capacidad de ofrecer seguridad a su gente: “Una institución solo puede ser verdaderamente fuerte cuando las personas que la conforman se sienten seguras dentro de ella”. Remató diciendo que ese es “el sentido de lo que estamos haciendo hoy”.
El pronunciamiento llega después de varios días de denuncias públicas que desencadenaron un efecto dominó dentro del periodismo colombiano. El pasado fin de semana, la dirección de Noticias Caracol ya había expresado respaldo a las víctimas y defendido la necesidad de actuar con rigor. Luego, el canal confirmó la salida de Orrego y Vargas. Paralelamente, la Fiscalía abrió una indagación por las denuncias conocidas contra ambos periodistas y habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir casos con enfoque de género.
A la par, el Ministerio del Trabajo realizó este jueves una inspección en las instalaciones de Caracol Televisión como parte de un plan nacional para revisar riesgos de acoso laboral y sexual en medios de comunicación. La cartera explicó que la visita busca recoger testimonios y analizar los protocolos internos del canal para establecer si existieron fallas o patrones de violencia basada en género.
Con ese contexto, la respuesta de Gonzalo Córdoba marca el giro más importante que ha dado hasta ahora la empresa: de la reacción inicial y las desvinculaciones laborales a la apertura de una revisión externa encabezada por una exmagistrada y experta en derechos humanos. La noticia central, por ahora, no es solo el impacto de las denuncias ni la salida de dos presentadores históricos, sino la decisión del presidente del canal de asumir públicamente la crisis, pedir disculpas y comprometer una investigación independiente con garantías de confidencialidad, escucha y eventuales consecuencias.
