Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores volvieron a pedir ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York que se desestimen los cargos contra sus clientes, en una nueva presentación radicada este jueves, a menos de una semana de la audiencia prevista para el 26 de marzo ante el juez Alvin K. Hellerstein. La defensa sostiene que el Gobierno de Estados Unidos interfirió con el derecho de ambos a escoger a sus abogados al bloquear el uso de fondos del Estado venezolano para pagar su representación legal.
El nuevo escrito fue firmado por Barry Pollack, abogado de Maduro, y Mark Donnelly, defensor de Flores. En ese documento, los dos juristas responden a la oposición presentada por la Fiscalía federal y afirman que la propia postura del Gobierno estadounidense contiene admisiones que, a su juicio, favorecen la solicitud de la defensa. Según ese planteamiento, los fiscales no habrían negado dos puntos de fondo: que Maduro y Flores dicen no tener recursos personales suficientes para costear su defensa y que, de acuerdo con la ley venezolana, el Estado debe asumir esos gastos.
La defensa centra su reclamo en la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Pollack ya había argumentado en una moción del 26 de febrero que el Departamento del Tesoro otorgó el 9 de enero una autorización para que el Gobierno de Venezuela pudiera cubrir sus honorarios, pero revocó ese permiso pocas horas después. En esa presentación, el abogado pidió la desestimación de la acusación y, subsidiariamente, autorización para retirarse del caso si no se resolvía el problema de financiación.
En la nueva réplica, los abogados de Maduro y Flores insisten en que el bloqueo de esos pagos afecta el derecho constitucional a la defensa técnica de confianza y sostienen que obligarlos a continuar con abogados designados por el tribunal no corrige el problema. Su posición es que, si el tribunal concluye que el Gobierno sí impidió de manera indebida la financiación de la defensa elegida por los acusados, la salida adecuada sería tumbar el caso.
Además de insistir en la desestimación del caso, la defensa pidió al juez que, como mínimo, convoque una audiencia para que el Gobierno de Estados Unidos explique lo que considera contradicciones en su posición. Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly cuestionan que la OFAC hubiera autorizado inicialmente los pagos de la defensa y luego revocara esa licencia. Según sostienen, primero se les dijo que la decisión estaba relacionada con consideraciones de política exterior tras consultas con el Departamento de Estado, mientras que ahora los fiscales describen ese mismo giro como un simple “error administrativo”. Para la defensa, ese cambio de explicación debilita la postura oficial y merece una revisión más profunda por parte del tribunal.
Los abogados también rechazan el argumento de que permitir pagos desde Venezuela comprometería la seguridad nacional de Estados Unidos. En su nuevo escrito aseguran que el Gobierno no ha explicado de manera concreta por qué esos recursos representarían un riesgo, sobre todo cuando, según alegan, en otros escenarios sí se han autorizado transacciones con fondos venezolanos en contextos legales y comerciales. En esa línea, la defensa insiste en que la restricción impuesta por OFAC no solo es inconsistente, sino que además termina afectando de manera directa la estrategia jurídica de Maduro y Flores en un proceso penal de alta complejidad.
Otro punto central que subrayan Pollack y Donnelly es la situación práctica de la representación legal. Ambos abogados advirtieron que podrían verse obligados a retirarse del caso si no se les permite recibir pagos por su trabajo, pues, según afirman, no existe otra fuente real de financiación para sostener la defensa. Esa advertencia se suma a la tesis principal de los acusados, quienes desde su primera comparecencia en enero se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico, armas, lavado de dinero y corrupción, y sostuvieron ante la corte de Nueva York que fueron sacados de su residencia en Caracas y llevados a Estados Unidos contra su voluntad.
La Fiscalía federal de Manhattan pidió al juez rechazar esa pretensión. En su respuesta, los fiscales sostuvieron que la autorización inicial fue producto de un “error administrativo” y defendieron la decisión de impedir que recursos del Gobierno venezolano se usen en favor de personas también sancionadas por Estados Unidos. Además, alegaron que Washington no reconoce desde hace años a Maduro como jefe legítimo del Estado venezolano y remarcaron que, en su criterio, tanto él como Flores aún podrían recurrir a fondos propios para pagar a sus abogados.
Los fiscales también advirtieron que permitir que el Gobierno venezolano financie esa defensa podría chocar con la política de sanciones de Estados Unidos y con consideraciones de seguridad nacional. La defensa, por su parte, replica que el Gobierno no ha explicado de forma concreta por qué esos pagos serían un riesgo y cuestiona que OFAC haya cambiado de criterio, pasando de autorizar inicialmente la transacción a describirla después como un simple error.
El problema de los pagos, en el centro de la disputa
El pulso económico se volvió una pieza central del caso. Según la defensa, Maduro no puede pagar con recursos propios, mientras que el Gobierno venezolano sí estaría dispuesto a cubrir los honorarios, como —afirman— ordenan la ley y la práctica institucional de ese país para el presidente y su esposa. Pollack incluso advirtió en su moción de febrero que, si OFAC mantiene el bloqueo, no podría seguir representando a Maduro; Donnelly ha respaldado una línea similar para Flores. Del lado contrario, la Fiscalía sostiene que la negativa a usar fondos estatales venezolanos no deja sin defensa a los acusados y que la corte todavía puede garantizar representación legal por otras vías.
Maduro y Flores se declararon no culpables en su primera comparecencia del 5 de enero en Manhattan. En ese proceso enfrentan cargos federales vinculados a narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, lavado de dinero y delitos de armas, según la acusación presentada en Nueva York. Ambos permanecen detenidos en Brooklyn mientras avanza la etapa previa al juicio.
Ahora la decisión inmediata queda en manos del juez Hellerstein, quien deberá definir si los argumentos de la defensa ameritan abrir una audiencia adicional sobre la controversia con OFAC, mantener intacto el proceso o entrar a estudiar la petición de desestimación. Por ahora, el expediente sigue con la mirada puesta en la audiencia del 26 de marzo, en la que el tribunal empezará a perfilar el siguiente tramo de uno de los casos penales más sensibles abiertos en Nueva York este año.
