Un informe interno abrió una nueva controversia alrededor de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, en la Escuela de Carabineros de Bogotá. El Inpec y la Policía iniciaron verificaciones sobre los presuntos privilegios, excesos y conflictos de convivencia atribuidos a la influenciadora, mientras el Ministerio de Justicia evalúa eventuales consecuencias disciplinarias y hasta un posible traslado.
La escena que desató la tormenta no ocurrió en una audiencia ni en un estrado. Ocurrió, según los reportes revelados esta semana, dentro del propio lugar de reclusión. Allí, en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde Daneidy Barrera cumple su condena, un informe reservado empezó a dibujar una rutina muy distinta a la esperada para una persona privada de la libertad: celulares prohibidos, un vehículo de lujo dentro de las instalaciones, música a alto volumen, reclamos de otras internas y hasta una frase que quedó consignada como advertencia a un funcionario.
Tras la publicación del informe periodístico, el Inpec anunció una investigación y la dirección general de la Policía abrió una indagación para establecer si hubo responsabilidades disciplinarias de los custodios o irregularidades en las condiciones de reclusión. El director del Inpec fijó una postura pública que marcó el tono del caso: “No podemos tener internos privilegiados, con lujos”. En la misma línea, desde el Ministerio de Justicia se advirtió que en el sistema penitenciario “no podemos tener presos con condiciones especiales”, y que una eventual sanción podría incluir su retorno a una cárcel convencional, como El Buen Pastor, o afectar beneficios sobre la ejecución de la pena.
El carro morado le lujo que encendió las alarmas
Uno de los episodios más llamativos del informe fue el hallazgo de Barrera dentro de un vehículo que, según el documento citado por Noticias RCN, estaba estacionado en un punto no autorizado dentro de la Escuela de Carabineros. El reporte señala que el 17 de noviembre de 2025, cuando funcionarios no lograban ubicar a la interna, fue encontrada en un “vehículo color morado marca Mini Cooper”. El mismo registro añade que, al ser verificado por seguridad, la privada de la libertad habría manifestado ser la dueña del automotor y que este “iba a ser un regalo para su pareja”.
Las autoridades indagan cómo ingresó un carro de esas características a una instalación de reclusión bajo control policial. La segunda, si ese hecho revela un trato diferenciado o una falla grave en los protocolos internos.
Cinco celulares y una sospecha persistente sobre los controles
El informe también reseña que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, un elemento prohibido para personas privadas de la libertad. Ese dato es uno de los más sensibles de todo el expediente conocido, no solo por la infracción que implica, sino porque reabre la discusión sobre los controles al interior de la guarnición y sobre la posible permisividad del entorno de custodia.
En el sistema carcelario, la posesión de celulares no es un asunto menor. Puede traducirse en investigaciones internas, restricciones disciplinarias y efectos sobre beneficios penitenciarios. De hecho, ya en septiembre de 2025 se había informado sobre la incautación de un celular a Barrera, y su defensa había advertido entonces que un hallazgo de ese tipo podría tener repercusiones en su proceso de redención de pena. Lo nuevo ahora es la dimensión que adquiere el caso al hablarse de varios equipos y de hallazgos reiterados en un lapso de pocos meses.
“Ya van dos veces con usted, a la tercera aténgase”
Otro de los pasajes es el relacionado con el protocolo de visitas. En un registro fechado el 14 de diciembre de 2025, se señala que un centinela le recordó a la interna la obligación de que las visitas ingresaran por el punto dispuesto y que las personas privadas de la libertad debían esperarlas en el salón autorizado. Según el documento, tras una verificación del permiso de visita, la situación derivó en una reacción alterada de Barrera, quien habría dicho al funcionario: “Ya van dos veces con usted, a la tercera aténgase”. )
Música, culto y reclamos de convivencia
El expediente no se limita a los objetos hallados o al episodio del carro. También documenta incidentes de convivencia que, aunque menos espectaculares, ayudan a entender por qué se activaron las alertas institucionales. Uno de esos registros, fechado el 2 de enero de 2026, indica que Barrera se encontraba con música a alto volumen, generando incomodidad a otras personas privadas de la libertad. El informe añade que, al ser requerida, no habría accedido a bajar el volumen y respondió que tenía permiso para escuchar su culto hasta determinada hora.
Visto aisladamente, el episodio podría parecer menor. Pero dentro de un expediente que ya incluye celulares, un vehículo y reclamos de otras internas, termina retratando una secuencia de tensiones sobre el cumplimiento de reglas básicas en un lugar de reclusión. En otras palabras, el problema para las autoridades no parece ser un incidente puntual, sino la acumulación de conductas que, de ser verificadas, podrían sugerir un ambiente de flexibilidad indebida o trato diferencial.
Las peleas con reclusas como Margaret Chacón
El informe también menciona conflictos con otras mujeres recluidas en el mismo lugar. Uno de los nombres que aparece es el de Margaret Chacón, condenada por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El 27 de diciembre de 2025 se reportó una discusión entre ambas dentro de la habitación donde permanecían recluidas. La anotación señala que, al ser requeridas por la custodia, las dos dijeron tener “diferencias de carácter personal”.
Días después, el 6 de enero de 2026, el informe registró una queja de otras internas relacionada con Barrera y con comentarios sobre un eventual traslado de Chacón. También hablaron de reclamos de varias reclusas por conductas de Barrera que, según esas versiones, irían en contravía del reglamento. De nuevo, se trata de hechos reportados en documentos internos y ventilados en medios, no de decisiones sancionatorias ya concluidas. Pero su reiteración explica por qué la investigación institucional pasó de ser una posibilidad a una realidad abierta.
La posibilidad de un traslado y la advertencia oficial
El impacto del caso no se reduce al escándalo mediático. El Ministerio de Justicia evalúa el expediente y contempla la posibilidad de un traslado a otro centro de reclusión o incluso el regreso de Barrera a la cárcel El Buen Pastor, de donde salió en agosto de 2025. La frase atribuida al ministro fue directa: “Aquí no podemos tener presos con condiciones especiales”.
El contexto: por qué está condenada ‘Epa Colombia’
Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’ y llamada por muchos la “reina de la keratina” por el crecimiento de su empresa de productos capilares, cumple una condena por hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando se viralizó un video en el que golpeaba con un martillo instalaciones de una estación de TransMilenio en Bogotá durante las protestas del paro nacional. La justicia la encontró responsable por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en enero de 2025. Distintos reportes coinciden en que la pena quedó en 63 meses de prisión, es decir, cinco años y tres meses, aunque en parte de la cobertura periodística también se la describe como una condena de más de cinco años o de cinco años y dos meses por aproximación. La base más precisa de las notas recientes es la cifra de 63 meses.
Su captura se hizo efectiva el 27 de enero de 2025, cuando agentes del CTI de la Fiscalía la abordaron en Bogotá para hacer cumplir la decisión judicial. Después fue llevada a dependencias de la Fiscalía y posteriormente trasladada a la cárcel El Buen Pastor. Meses más tarde, el 20 de agosto de 2025, el Inpec autorizó su traslado a una guarnición en Bogotá, específicamente a la Escuela de Carabineros, por razones de seguridad asociadas a su notoriedad pública.
Lo que está en juego ahora
A esta altura, el caso ya no se limita al cumplimiento de una condena conocida por el país. Lo que hoy examinan las autoridades es si en el lugar donde Barrera paga esa pena se permitió el ingreso de teléfonos, vehículo, roces permanentes y márgenes de maniobra que no deberían existir en una instalación de custodia. La investigación apenas comienza, y por eso el lenguaje institucional ha sido cauteloso. No hay todavía una sanción definitiva anunciada contra la influenciadora por estos nuevos hechos. Lo que sí existe es una señal clara de que el expediente será revisado y de que las consecuencias podrían tocar tanto a la interna como a quienes tenían el deber de vigilarla.