El Gobierno Nacional determinó que el incremento de la UPC para este año 2025 sería del 5.36%. Esto apenas una semana después de que dispusiera un incremento del salario mínimo para el mismo año en un 9.53%.
¿Pero que es la UPC? ¿Hasta qué punto resulta razonable disponer un incremento de la UPC en un porcentaje inferior al ordenado para el salario mínimo? ¿Cuál era la solicitud que demandaban los actores del sistema de salud? ¿Cuáles son las consecuencias de dicha decisión?
La UPC o unidad de pago por capitación, es el valor anual que reconoce el Estado Colombiano por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud denominado POS, en los regímenes contributivo y subsidiado. Dicho valor hace las veces de prima, donde el tomador es el Estado; los asegurados somos los más de 50 Millones de Colombianos; y donde el asegurador son las distintas EPS a las que los ciudadanos se encuentran afiliados. Vale decir, que los aportes que realizan al sistema de seguridad social en salud los trabajadores que hacen parte del régimen contributivo vía aportes asociados a la nómina o vía copagos, realmente son ínfimos, a tal punto, que es el Estado, con recursos del Presupuesto General de la Nación, el que asume año tras año dicho costo de aseguramiento o lo que es lo mismo, dicha prima.
Ahora bien, óigase bien, uno de los principales problemas del Sistema de Seguridad Social en Salud, con independencia de la administración de los recursos que se asignan al sistema, es que los recursos asignados no alcanzan; claramente son insuficientes, así las cosas, una cosa que resulta imposible de ocultar, es que existe corrupción en el manejo de los recursos asignados; y otra que tampoco se puede desconocer, ni soslayar, es que los recursos asignados no alcanzan para prestar los servicios de salud que ordinariamente demandamos los más de 50 Millones de Colombianos. Ello se termina traduciendo en que las aseguradoras o EPS, terminen haciendo toda suerte de malabares, para que los recursos que les transfieren les alcancen, sacrificando como es apenas previsible, la prestación y/o la calidad del servicio.
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De hecho, la honorable Corte Constitucional, a través de su Sala de Seguimiento al Sistema de Salud, realizó una sesión especial en mayo de 2024, en la que se analizó el cálculo de la UPC precisando categóricamente que sobre el particular son tres problemas los que persisten: 1) la fijación de los presupuestos; 2) sus reajustes y 3) los retrasos en los pagos.
Y si los recursos destinados a través de la UPC eran de suyo insuficientes en el 2024, pues más aún lo serán en el 2025, cuando según la Resolución No. 2717 del 30 de diciembre de 2024 se incrementó tan solo en un 5.36%, 5,2% como incremento base conforme a la inflación causada a noviembre de 2024 y 0,16% por concepto de actualización de servicios y tecnologías en salud. Este incremento se encuentra muy por debajo del aumento del salario mínimo que creció en un 9.53% y del 16.9 que en términos de la ANDI debió haberse incrementado la UPC, para que el sistema no colapsara, teniendo en consideración el nivel de siniestralidad observada en el sistema, el crecimiento de la población y el ajuste por inflación. Él no haberse hecho el incremento justo y necesario, afectará gravemente las condiciones operativas de los actores del sector, incluyendo aseguradoras, hospitales, clínicas y los trabajadores de la salud. Con todo, los que más padecerán serán los usuarios y pacientes de más bajos recursos, quienes enfrentarán mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, así como mayores riesgos para su bienestar. Y eso, que se trata de la población más vulnerable a la que el presunto gobierno del cambio dijo que protegería, la cual quedara en medio del fuego cruzado entre el Estado, las EPS y las IPS.
Es así como se profundizará la crisis del sector, afectando el sistema de salud en términos de atención y operación de manera provocada, deliberada, premeditada y hasta anunciada, a través del famoso SHU SHU SHU.
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¿Qué pasará entonces en el 2025? Simple y llanamente, que más EPS se reventarán, algunas se rendirán, y otras, pese al intento fallido por sobrevivir, serán intervenidas, por atreverse a resistir al emperador, que las asfixia y atosiga hasta más no poder.
Lo realmente extraño, es que una de las razones para no subir más la UPC, es por la presunta inconsistencia de la información suministrada por las EPS, cuando la mayoría de dichas EPS se encuentran intervenidas, léase, administradas por el propio Gobierno de Gustavo Petro.
Mientras tanto, ha quedado en evidencia, que el atropello que se registra frente al sistema de Salud, con el exiguo aumento de la UPC, es una clara venganza del gobierno Petro, por no habérsele aprobado su nefasta reforma tributaria. Así lo dejó entrever, por ejemplo, Gustavo Bolívar, uno de los áulicos del gobierno nacional. Al final, la cuerda se romperá por el lado más frágil y débil, y más allá de nuevas decisiones administrativas de intervenciones que sobrevendrán, con las cuales el gobierno como de costumbre y como pilatos se lavará las manos culpando a las EPS, por no garantizar la prestación de los servicios con una UPC claramente paupérrima e insuficiente, los registros darán cuenta de un aumento, si, de un aumento, ese si considerable, pero de pérdidas de vidas humanas por falla en la prestación de los servicios de salud, las cuales a la postre tendrán que ser objeto de las consabidas indemnizaciones por parte del Estado, con los impuestos de los Colombianos.
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Por lo demás, todo parece indicar que poco o nada le importa al Gobierno del Presidente Petro darles cumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas, al Auto 875 del 10 de Mayo de 2024, en el que la propia Corte Constitucional recordó la necesidad contar con una UPC suficiente. Sin embargo, la actuación gubernamental lejos de avanzar progresivamente en la asignación de recursos al sistema, opta por decisiones como la de incrementar la UPC de manera precaria como lo acaba de hacer, o peor aún, sustrayendo recursos de la misma UPC, como cuando decidió destinar el 5%, óigase bien, el 5% de la UPC a los Equipos Básicos de Salud, decisión cuyos efectos afortunadamente a través del auto mencionado fue suspendida hasta que se produzca una decisión definitiva por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.
No exagero, al sostener, que, con la UPC definida, se le aplicaron los santos óleos al sistema, y que en breve sobrevendrá el Réquiem o misa para la difunta salud Colombiana, que en paz descanse.
