Universidad Nacional desmiente a Luz Verónica Estrada: asegura que nunca fue estudiante y anuncia acciones ante la Fiscalía

La crisis política que rodea a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, se agravó luego de que la Universidad Nacional de Colombia afirmara que la congresista no solo carece de un título expedido por esa institución, sino que tampoco aparece registrada como estudiante en ninguno de sus sistemas académicos. La universidad anunció que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para determinar si existieron conductas penales relacionadas con la presunta utilización de documentos falsos.

“Esa persona con su número de cédula no fue estudiante de la universidad”, aseguró Édgar Cortés, secretario general de la Universidad Nacional de Colombia.

La nueva revelación profundiza una polémica que ya había causado reacciones dentro del Congreso, donde distintos sectores han pedido explicaciones y otros la renuncia de la representante antioqueña sobre la documentación académica que presentó durante su trayectoria profesional y política.

«Nunca fue estudiante de la Universidad Nacional»

Durante una entrevista concedida a medios nacionales, Édgar Cortés, secretario general de la Universidad Nacional de Colombia, fue enfático al señalar que la verificación realizada por la institución no encontró ningún vínculo académico de Luz Verónica Estrada con la universidad.

Según explicó el directivo, el protocolo institucional permite rastrear a cualquier estudiante o egresado mediante su número de identificación. Tras la consulta de los registros, archivos históricos y sistemas académicos, la conclusión fue que la representante a la Cámara no figura como estudiante ni como graduada de la institución.

“Una vez hecha la verificación, se identifica que esa persona con su número de cédula no fue estudiante de la universidad, y hasta ahí es lo que podemos verificar”.

Respecto a la autenticidad del diploma atribuido a la congresista, afirmó:

“Mi papel como secretario general es certificar que los documentos expedidos corresponden a documentos propios de la universidad. Y en este caso, lo que podemos certificar es que no lo son”.

Sobre las inconsistencias encontradas en el documento presentado, señaló:

“O sea, ella cogió un cartón falso de agosto de 2011”.

Al referirse a la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, indicó:

“Pero de no ser así, pues lo haríamos en el día de hoy”.

Sobre la gravedad del caso para la institución, expresó:

“Como universidad sentimos gran, gran tristeza, pues porque el diploma de un egresado de la universidad es la expresión de todo el trabajo, del esfuerzo que hizo el estudiante, que hizo la universidad y que hace el país, porque la Universidad Nacional es patrimonio de todos los colombianos”.

La afirmación resulta especialmente relevante porque hasta ahora la controversia se había centrado en la autenticidad del supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Sin embargo, la universidad sostiene que las inconsistencias van más allá del documento y abarcan la inexistencia de antecedentes académicos de la congresista dentro de la institución.

Las inconsistencias halladas en el diploma

La universidad también informó que el diploma atribuido a la congresista presenta irregularidades que llamaron la atención de los responsables de la verificación.

Entre los hallazgos se encuentra que el número consecutivo registrado en el documento correspondería a otro graduado y a otra fecha distinta a la que aparece en el supuesto diploma. Además, la institución certificó que el documento exhibido no corresponde a formatos expedidos oficialmente por la sede Medellín de la universidad.

Las observaciones también alcanzan los certificados académicos que han circulado públicamente. Según las declaraciones de los directivos universitarios, los registros presentados contienen características que no coinciden con los mecanismos habituales de expedición y control de la institución.

¿Qué investigaciones podrían iniciarse?

La Universidad Nacional informó que el protocolo interno establece trasladar los hallazgos a la oficina jurídica correspondiente para presentar una denuncia ante la Fiscalía.

A partir de ese momento podrían abrirse varias líneas de investigación:

  • Posible uso de documento público falso.
  • Eventual obtención de documento público mediante información presuntamente irregular.
  • Posible fraude procesal, en caso de que la documentación hubiese sido utilizada para obtener certificaciones o trámites oficiales.
  • Verificación de actuaciones ante organismos profesionales como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

El antecedente que llamó la atención de las autoridades

Otro aspecto que podría ser revisado por los organismos de control es la trayectoria contractual de la congresista antes de llegar al Congreso.

La información conocida señala que Luz Verónica Estrada habría sido contratista de la DIAN durante la administración de Luis Eduardo Llinás, situación que ha llevado a sectores políticos y directivos de la DIAN a solicitar que se revise qué documentos académicos fueron aportados durante diferentes etapas de su vida laboral y pública.

Hasta el momento no existe una decisión oficial que establezca irregularidades en esos contratos, pero las verificaciones podrían formar parte del análisis que realicen las autoridades competentes.

Un nuevo golpe para el Pacto Histórico

En los últimos años el Pacto Histórico ha enfrentado diferentes investigaciones y cuestionamientos sobre funcionarios y varias figuras cercanas a Gustavo Petro. En ese contexto, el nombre de Juliana Guerrero ha aparecido en procesos de verificación y revisiones adelantadas por organismos de control, al igual que otros funcionarios y exfuncionarios que han sido objeto de investigaciones administrativas o judiciales.

Pacto Histórico activó revisión interna

Tras conocerse las denuncias y los pronunciamientos de la universidad, el Pacto Histórico informó que su comité de ética evaluará el caso. Paralelamente, sectores de oposición han solicitado la renuncia de la representante mientras se esclarecen los hechos.

La propia colectividad ha señalado que respeta la presunción de inocencia, aunque expresó rechazo frente a cualquier conducta que comprometa la transparencia en el ejercicio de funciones públicas.

¿Qué viene ahora?

La investigación entrará en una fase clave una vez la información recopilada por la Universidad Nacional de Colombia sea evaluada por los organismos judiciales.

Las autoridades deberán determinar si existió únicamente una irregularidad documental o si la eventual utilización de los documentos produjo efectos jurídicos o administrativos que puedan derivar en responsabilidades adicionales. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas, especialmente por tratarse de una congresista en ejercicio y por el impacto que tendría la confirmación de las denuncias sobre la confianza en las instituciones públicas.