El ingeniero Juan José Laverde busca un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de confesar los actos de corrupción que rodearon el contrato con el ministerio de las Comunicaciones para llevar Internet a regiones aparatadas del país, en el cual se desconoce el paradero de 70 mil millones de pesos.
En un documento de más de 50 páginas que contiene sus interrogatorios, Laverde cuenta como las cabezas del desfalco del carrusel de la contratación en Bogotá terminaron inmersas en el escándalo.
Dice como Emilio Tapia era la persona que estaba tras el contrato: “Las personas que hicieron el empalme fueron Miguel Ángel Morales Y Herles Ariza, ambas personas de total confianza del señor Guillermo Mesa propietario del 50 % de ICM y quien controlaba el otro 50 % era Álvaro Cruz”.
Además, Laverde explica cómo se hicieron los pagos: “Se alcanzo a pagar 800 millones de pesos para que en el mes de marzo se lograra conseguir una póliza legal para evitar la caducidad del contrato por la presunta falsedad”.
El ingeniero admite que las pólizas bancarias eran falsas, y habla del papel de Tapia: “Por arte de magia a través de Emilio Tapia recibimos las garantías bancarias”.
Laverde dice que necesitaban 100 millones para hacer gestiones en el ministerio de las Comunicaciones.
“También me informa la necesidad urgente de 100 millones de pesos para que le hagan unas gestiones en el banco Itaú, y el ministerio cite a un abogado del banco”, agrega.
Laverde salpica a un exviceministro sobre los actos irregulares.
“Lo que si me confirmo es que le habían girado unos recursos al viceministro Iván Mantilla, luego de una reunión posterior cuando estalló el escándalo, ya no volvió a mencionar a los Daez, sino mencionaba una posible gestión de los Char para evitar la caducidad”.
El ingeniero señala que Emilio Tapia tenía información anticipada sobre lo que ocurría en el ministerio de las Comunicaciones.
“En una reunión con Emilio Tapia posterior al escándalo de las garantías falsas de Centros Poblados, el señor Emilio Tapia me mostró en su celular un informe de los argumentos que tenían los abogados del ministerio para declarar la caducidad, el equipo de Emilio Tapia los tenía anticipadamente (…) Le entregaban información anticipada de los movientes del proceso y así conocer cuales oferentes estaban completamente habilitados para saber con quién competir”, dice.
Laverde fue enviado a detención domiciliaria, mientras la Fiscalía define si le otorga el acuerdo de colaboración.
