La revelación de una serie de documentos, chats, audios, correos y testimonios, incautados a las disidencias de las FARC de alias ‘Calarcá’, desató un escándalo. Según una investigación divulgada por Noticias Caracol, las pruebas —que reposan en la Fiscalía desde hace más de un año— apuntan a un presunto entramado de colaboración entre esta estructura armada ilegal y dos funcionarios clave del Gobierno: el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, influyente directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La información sugiere que ambos habrían servido como puentes de comunicación, facilitadores logísticos e incluso aliados estratégicos de la disidencia, cuyo líder es señalado de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y de mantener tensiones directas con el presidente Gustavo Petro y su política de Paz Total.
El retén que destapó el escándalo
El episodio que permitió acceder a esta información ocurrió el 23 de julio de 2024. Un retén del Ejército en Santo Domingo, Nordeste antioqueño, detuvo una caravana conformada por vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaban a siete jefes de las disidencias de ‘Calarcá’.
En el procedimiento, las autoridades hallaron un menor de edad, lo que constituye delito y una violación explícita al Derecho Internacional Humanitario.
Aunque los disidentes quedaron libres, el Ejército retuvo sus pertenencias, entre ellas los celulares y computadores que contenían los chats, cartas y audios que hoy están en el centro de la polémica.
Las cartas que comprometen al general Huertas
Uno de los documentos más sensibles es una carta fechada el 8 de febrero de 2024, enviada por un comandante de la disidencia. Allí se detalla un supuesto encuentro con el general Juan Miguel Huertas —entonces en retiro— en Bogotá. En el texto se describe la confianza que les generó el oficial:
“Camarada, con el muchacho que yo fui allá hace ocho días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa legal de seguridad.”
La carta profundiza en lo que habría sido una propuesta formal del general Huertas:
“El general dice que la montemos mitad y mitad; que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas.”
Y agrega uno de los aspectos más delicados:
“Él dice que eso es una buena inversión porque, llegado el momento en que todos esos procesos fallen, quedamos con hombres legales.”
Según el documento, Huertas también habría planteado utilizar vehículos blindados del Estado para transportar armamento y guerrilleros:
“Primero consigue los permisos para pistolas y después los permisos para circular con fusiles.”
La carta también menciona un punto crítico: el general habría explicado cómo evadir retenes y controles militares, además de presumir de su cercanía con el presidente Gustavo Petro.
Reuniones en Bogotá: blindados oficiales y contactos institucionales
Uno de los disidentes entrevistados confirmó que varios integrantes del grupo ilegal entraron repetidamente a Bogotá en camionetas blindadas del Estado, presuntamente facilitadas por funcionarios públicos.
En la capital tuvieron lugar encuentros directos con:
- El general (r) Juan Miguel Huertas.
- Wilmar Mejía, directivo de la DNI.
- El coronel (r) Juan Carlos Mazo, director de Indumil.
Estos encuentros, según el testimonio, habrían tenido como objetivo “organizar la empresa fachada”, incluyendo:
- Empleo de escoltas.
- Licencias colectivas de porte de armas.
- Contratación de vehículos.
- Documentación para operar legalmente.
La estructura pretendía camuflar movimientos de hombres armados y desplazamientos de jefes disidentes.
La figura de Wilmar Mejía, “el Chulo”
En el mundo clandestino de las disidencias, a Mejía le atribuyen un alias inquietante: “el Chulo”. Según un miembro del grupo, ese sobrenombre se debe a que Mejía actuaría como canal entre los grupos armados y oficiales activos del Ejército (“los chulos”, según jerga interna).
El testigo afirmó:
“Gracias a la información que nos daban, varios de los muchachos con orden de captura pudieron moverse por Bogotá sin problema.”
También aseguró que Mejía y Huertas viajarían juntos a Venezuela para recibir las pruebas de la muerte de un jefe de la disidencia, conocido como “el camarada”.
Mejía negó categóricamente esta versión.
Entrega de frecuencias del Ejército
Según los testimonios, Huertas y Mejía habrían entregado a la disidencia códigos y frecuencias radiales del Ejército. Esto les habría permitido:
- Conocer operaciones militares en tiempo real.
- Evitar enfrentamientos en retenes.
- Coordinar movimientos para “no chocarse” con unidades militares.
Un disidente afirmó:
“Sabíamos por dónde venían los operativos. Podíamos hablar directamente con unidades del Ejército.”
A cambio, se habría pactado un acuerdo de no agresión en el Catatumbo.
El ministro Sánchez pide celeridad
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en X y aseguró que ordenó una investigación interna:
“Alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ son criminales. Serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia.”
Añadió que incluso dentro de la Paz Total:
“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá a su captura. No hay excepciones.”