Las alertas emitidas y los casos sobre reclutamiento de menores de edad en Colombia fueron informados a Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado de la ONU, por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en los que incluyen los 23 casos registrados en el primer trimestre del 2023.
“Comunicamos a la Representante Especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como resultado del permanente seguimiento a las acciones perpetradas por grupos armados en el país, hemos advertido sobre el alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos. Es una preocupante situación que seguimos evidenciando y que debe tomar relevancia en el ámbito internacional”, afirmó dese Riohacha (La Guajira), el Defensor del Pueblo.
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Como se mencionó, en el primer trimestre del 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 23 casos de reclutamiento de menores de edad, 13 de ellos son niños y adolescentes y los 10 restantes, niñas y adolescentes, sus edades oscilan entre los 13 y 17 años; 16 de los casos tuvieron lugar en el departamento del Cauca, 4 en Amazonas, 2 en Antioquia y 1 en Arauca.
En el mismo periodo del 2022 a la Defensoría del Pueblo se reportaron 15 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, es decir un incremento del 53,3 por ciento en el número de casos reportados; situación que da cuenta del aumento de la presencia de los grupos armados ilegales y del control territorial y social que ejercen.
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“Preocupa que la mayor afectación se presenta entre las comunidades étnicas y pobladores de las zonas rurales y rurales dispersas, donde la presencia institucional es escasa y las rutas de atención no cuentan con enfoque diferencial. Por tal razón, mi llamado es a fortalecer los recursos financieros y de personal, la respuesta institucional, que haya una mayor capacitación, mejores equipos tecnológicos y más funcionarios competentes; en especial, que sea promovida la oferta social y educativa como una medida para prevenir la ocurrencia de estos hechos”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
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Según el Defensor del Pueblo “necesitamos un compromiso real y efectivo de todas las instituciones del Estado, hechos concretos, actuaciones inmediatas, menos retórica y más acciones, para que nuestros niños, niñas y adolescentes nunca más sean reclutados por las organizaciones al margen de la ley. Rechazamos esta práctica atroz que viola la normativa contemplada en el Derecho Internacional Humanitario”, aseguró el Defensor del Pueblo.
