Sandra Liliana Ortiz Nova, nacida el 6 de marzo de 1977 en Paz de Río, Boyacá, es una reconocida administradora de empresas y política colombiana afiliada al Partido Alianza Verde.
Este 18 de diciembre de 2024 la jueza tercera de garantías de Bogotá, luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, determinó que existía una «inferencia razonable de autoría o participación» de Ortiz en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el ente acusador, Ortiz desempeñó un papel crucial en la entrega de 3.000 millones de pesos, los cuales fueron presuntamente entregados al expresidente del Senado, Iván Name, a cambio de favores políticos y contratos en el Congreso.
Ortiz inició su carrera política a nivel local, pero su impacto a nivel nacional se consolidó tras ser elegida Representante a la Cámara por Boyacá en el periodo 2014-2018, bajo las banderas del Partido Verde. Durante su gestión, se destacó por haber obtenido 9.862 votos, la mayor votación del departamento en esas elecciones. Este respaldo le permitió dar un salto al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2018, donde alcanzó una curul con 27.176 votos.
En el Congreso, Sandra Ortiz ocupó posiciones de relevancia, como la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, además de ser miembro de la Comisión Tercera de Impuestos y Presupuesto.
Tras finalizar su paso por el Senado en 2022, Sandra Ortiz fue nombrada en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su trayectoria política se ha visto empañada por los recientes señalamientos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.
Este es el momento en que la juez ordena la detención en la cárcel El Buen Pastor de Sandra Ortíz.
Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, le pidió a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que envíe a la cárcel a Sandra Ortiz por su presunta relación con el saqueo de la @UNGRD.
A pesar de las acusaciones, Ortiz se ha defendido públicamente, insistiendo en su inocencia y señalando que enfrenta una persecución política. Su futuro político y personal está ahora en manos de la justicia, en un proceso que será crucial para determinar el alcance de su implicación en el polémico caso de la UNGRD.
Pruebas y Testimonios Clave
El caso se construye sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía. Entre estas destacan los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, quienes han señalado directamente a Ortiz como la encargada de la intermediación en la entrega de dinero ilícito. Además, las conversaciones de WhatsApp, georreferenciación, videos y registros de seguridad fueron determinantes para que la jueza considerara que la exfuncionaria debía ser recluida en prisión mientras avanza la investigación.
De acuerdo con el interrogatorio de López, la implicación de Ortiz en el escándalo se habría concretado en una reunión ocurrida en la Casa de Nariño el 21 de septiembre de 2023, donde, supuestamente, se pactó el desvío de recursos destinados a un contrato del departamento de Atlántico por un valor de 11 mil millones de pesos. Además, López afirmó que Ortiz había insistido en una modificación presupuestal para favorecer a figuras políticas clave, como el senador Iván Name.
