El Presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, mediante el cual el Gobierno Nacional prohíbe las exportaciones de carbón Colombiano a Israel.
Dicha decisión además de Inconstitucional e Ilegal es claramente inconveniente, pues se estima que la misma, implica una reducción de aproximadamente 650 mil millones de pesos en impuestos, regalías y contribuciones para el País. Las regiones más afectadas serán los Departamentos de la Guajira y el César, que se verían particularmente afectadas, ya que dejarían de percibir más de 100 mil millones de pesos.
Pero además de la preocupación por el hueco fiscal la medida a nuestro juicio se torna inconstitucional e ilegal conforme a lo advertido, la razón, es que la exportación de Carbón a Israel, antes que una política de Gobierno es una Política de Estado. En efecto, la relación comercial entre los dos Países, se rige bajo un Tratado de Libre Comercio entre Israel y Colombia, cuyo proceso de negociación inició en marzo de 2012; el cierre de dicha negociación se dio en Junio de 2013; el tratado fue firmado en septiembre de 2014, y el cual, luego de suscrito entre las dos naciones, tuvo la consabida ratificación, en el caso de Israel de manera automática por parte del Knesset que es su parlamento unicameral, y en el caso de Colombia, por parte del Congreso de la República a través de la Ley No. 1841 del primero (1 ) de junio de 2017 “Por medio de la cual se aprueba el «tratado de libre comercio entre la república de Colombia y el estado de Israel». Incluso, conforme con nuestro ordenamiento Constitucional, dicho tratado fue objeto de revisión por parte de la Honorable
Corte Constitucional, corporación esta, que lo declaró exequible, esto es, conforme a la Constitución Política de Colombia, a través de la Sentencia C-254 del 6 de junio de 2019 con Ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, siendo este uno de los requisitos indispensables para que iniciaran los trámites de su implementación.
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Todos estos trámites que se desarrollan conforme con los ordenamientos jurídicos de dos países pretenden ser borrados de un solo plumazo por parte del Presidente Petro a través de un decreto que no puede estar por encima del Tratado que se encuentra contenido en una Ley, ni de la Constitución misma.
De hecho, en el acuerdo, tratado o TLC, se especifica que sólo podría ser incumplido por las partes vinculadas, esto es Israel y Colombia, solo en casos críticos que atenten con la economía de cada País, y se vea afectado el mismo tratado. Esta premisa, excluye naturalmente razones morales, ideológicas o subjetivas, como las que expone el Presidente Petro, además de que no le compete al ejecutivo, prohibir o clausurar la exportación de carbón a Israel, pues en la medida en que el Acuerdo está contenido en una Ley, y los decretos Presidenciales bajo la pirámide de Kelsen deben expedirse conforme a la Constitución y a la Ley y no al contrario, pues resulta claro que, a través de un Decreto, no puede Petro desconocer y transgredir la Ley 1841 de 2017, que es la que incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, el Acuerdo aprobado por el Parlamento de Israel y el Congreso de Colombia. Además, la medida pone en riesgo de paso, los Acuerdos de Libre Inversión con Suiza y Estados Unidos que protegen las exportaciones de las compañías de carbón en Colombia.
Así las cosas, todas estas instancias institucionales tanto de Israel como de Colombia, estarían siendo desconocidas, por quién termina fungiendo no como Presidente de una República enmarcada en un Estado Social de Derecho, sino por un dictador, que no tiene escrúpulos en incumplir el TLC suscrito con Israel, y que entró en vigencia desde el año 2020.
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La Asociación Colombiana de Minería asegura que este Decreto transgrede los artículos 150 y 189 de la Constitución, la Ley 7 de 1991, el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en sus Tratados de Libre Comercio, lo que representa un grave precedente para la seguridad jurídica y una amenaza directa a la libre empresa, lo hemos venido advirtiendo y denunciando.
Mientras Gustavo Petro pretende posar de líder mundial, tratando de resolver un problema histórico como lo es el de la franja de Gaza, creyendo que en algo contribuye declarándole la Guerra al Carbón que se exporta a Israel, los niños de la Guajira y del Chocó entre otros en Colombia, siguen a la espera de las ayudas a través de los programas sociales que no llegan, como producto de la Corrupción que se registra por ejemplo en la UNGRD y por la caída de los ingresos en las arcas del Estado por medidas fundamentalistas como la tomada en relación con Israel, con cuyos dividendos podrían atenderse muchas necesidades básicas insatisfechas de los Colombianos.
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A los Colombianos les digo hoy, que no permitiremos que estas medidas pasen; ya dimos la pelea una vez en la Corte Constitucional contra estas medidas retardatarias e inconstitucionales que afectan este sector; y por ende seguiremos dando la pelea. En esta oportunidad con el liderazgo del Senador Miguel Uribe Turbay, presentaremos una demanda ante el Honorable Consejo de Estado, pues Colombia no dejará de recibir 650 mil millones de pesos por los caprichos de un Presidente que no se preocupa por la seguridad ni por el desarrollo de su país, pero que sí quiere solucionar los problemas de otros países, cuando no es capaz de solucionar los problemas internos del mismísimo país que gobierna.
