El caso de los títulos falsos que sacudió al Gobierno de Gustavo Petro y frustró el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes dio un nuevo giro. La Procuraduría General de la Nación confirmó que apeló parcialmente la decisión judicial que avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y la exfuncionaria, al considerar que los hechos podrían configurar un delito adicional al ya aceptado por la procesada.
La controversia se produjo apenas horas después de que un juez de Bogotá aprobara el acuerdo mediante el cual Guerrero reconoció su responsabilidad en el uso de documentos académicos fraudulentos expedidos por la Fundación Universitaria San José y aceptó una condena de tres años de prisión.
Aunque la sentencia quedó en firme en la mayor parte de sus aspectos, la intervención de la Procuraduría abrió un nuevo debate jurídico sobre el alcance de las responsabilidades penales de la exfuncionaria.
¿Qué dice la Procuraduría?
Durante la audiencia de aprobación del preacuerdo, el procurador delegado que interviene en el proceso solicitó que se compulsaran copias para examinar la posible existencia de otro delito contra la fe pública diferente al fraude procesal por el que Guerrero fue condenada.
La petición fue posteriormente respaldada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien explicó desde Barranquilla que la actuación corresponde a una decisión autónoma e independiente del funcionario encargado del caso.
“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo. Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando, él ejerce su función y el juez evaluará si tiene razón o no”, afirmó Eljach.
El jefe del Ministerio Público insistió en que será la justicia la encargada de determinar si existen méritos para ampliar la investigación penal.
Además, el procurador general Gregorio Eljach defendió públicamente la actuación del procurador delegado que intervino en el proceso y enfatizó que la apelación no busca desconocer el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Juliana Guerrero, sino garantizar que todas las posibles conductas penales relacionadas con los hechos sean analizadas por la justicia.
El jefe del Ministerio Público insistió en que la función de los procuradores es velar por la legalidad de las actuaciones judiciales y que, en este caso, el delegado consideró necesario revisar si los hechos podrían encajar en un delito distinto al fraude procesal ya aceptado por la exfuncionaria. “Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando”, afirmó Eljach durante una declaración entregada en Barranquilla, donde subrayó que será el juez competente quien determine si los argumentos de la Procuraduría tienen sustento jurídico o si la condena debe mantenerse bajo los términos originalmente pactados entre la defensa y la Fiscalía. Con esta postura, la Procuraduría dejó claro que continuará ejerciendo vigilancia sobre el proceso, aun cuando la sentencia de tres años de prisión, la multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos ya fueron avaladas judicialmente.
La defensa habla de una actuación “desleal”
La reacción de la defensa fue inmediata. El abogado penalista Felipe Alzate, quien representó a Juliana Guerrero durante las negociaciones con la Fiscalía, calificó la actuación de la Procuraduría como improcedente y aseguró que el asunto ya había sido analizado durante la investigación.
“Ese fue un acto de absoluta deslealtad”, manifestó el jurista luego de la audiencia.
Según Alzate, la Fiscalía evaluó desde el inicio la posibilidad de imputar otros delitos relacionados con la falsificación de documentos, pero finalmente concluyó que la conducta debía concentrarse en el fraude procesal.
“La Procuraduría presenta una solicitud temeraria de compulsa de copias por un delito que ya ha sido investigado. La pregunta es: ¿por qué entonces Juliana no fue imputada bajo ese delito de falsedad en su momento? Pues no fue imputada porque el criterio acertado de la Fiscalía termina subsumido en la falsedad”, argumentó.
Para la defensa, la solicitud podría generar una doble valoración sobre hechos que ya fueron objeto de investigación y negociación judicial.
Así fue el acuerdo con la Fiscalía
El preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía General de la Nación evitó un juicio que podía prolongarse por varios meses.
La exfuncionaria admitió haber utilizado dos títulos académicos expedidos irregularmente por la Fundación Universitaria San José para actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y para mantener abierta la posibilidad de ser nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos y ofreció disculpas públicas.
La Fiscalía consideró que su aceptación temprana de responsabilidad justificaba una rebaja del 50 por ciento de la pena, razón por la cual se pactó una condena de tres años de prisión.
Su abogado explicó que, de no haberse llegado al preacuerdo, la condena inicial habría sido cercana a los seis años.
No irá a prisión
A pesar de la condena, Juliana Guerrero no cumplirá la pena en una cárcel ni tendrá prisión domiciliaria.
El juez concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que cumplía los requisitos legales para acceder a esa medida.
Sin embargo, la decisión judicial incluyó varias sanciones:
- Condena de tres años de prisión.
- Suspensión condicional de la pena.
- Multa cercana a 175 millones de pesos.
- Inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
Durante la audiencia, el juez realizó un fuerte llamado de atención a la exfuncionaria y subrayó que no se trató de un simple error administrativo.
“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, manifestó el despacho judicial.
¿Qué ocurrió con los títulos falsos?
La investigación estableció que Guerrero presentó documentación académica emitida por la Fundación Universitaria San José para acreditar estudios profesionales.
Las autoridades determinaron posteriormente que esos títulos carecían de validez y formaban parte de una red de expedición irregular de diplomas.
Uno de los principales implicados en ese esquema es Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución educativa, quien ya fue condenado por estos hechos.
La defensa de Guerrero ha sostenido que la exfuncionaria cursó varios semestres de estudios universitarios en la Universidad Popular del Cesar y que estaba próxima a obtener un título profesional cuando decidió acudir a una vía ilegal para acelerar el proceso.
¿Qué delito adicional busca investigar la Procuraduría?
Aunque la Procuraduría no ha detallado públicamente cuál sería la nueva conducta penal objeto de análisis, el procurador delegado considera que los hechos podrían ir más allá del fraude procesal reconocido en el preacuerdo.
Precisamente ese punto será estudiado ahora por el Tribunal Superior de Bogotá, instancia encargada de resolver la apelación presentada por el Ministerio Público.
La decisión será clave porque definirá si la actuación judicial termina exclusivamente con la condena ya impuesta o si se abre una nueva línea de investigación penal contra la exfuncionaria.
Un escándalo con repercusiones políticas
El caso de Juliana Guerrero se convirtió en uno de los episodios más polémicos del gobierno de Gustavo Petro debido a la cercanía de la joven con sectores del oficialismo y a que los documentos cuestionados fueron utilizados durante el proceso para aspirar a un alto cargo en el Ministerio de la Igualdad.
Aunque el fallo judicial representa un cierre parcial del proceso por fraude procesal, la apelación de la Procuraduría mantiene abierto un nuevo frente jurídico que podría prolongar el caso durante varios meses más.
Mientras tanto, la condena de tres años, la multa millonaria y la inhabilidad para ocupar cargos públicos permanecen vigentes, a la espera de que el Tribunal decida si existe fundamento para investigar a Juliana Guerrero por un delito adicional relacionado con el escándalo de los títulos falsos.