En la madrugada del pasado 20 de octubre, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos. Horas antes, con 57 votos contra uno, el Senado había hecho lo propio.
Era el primer presupuesto de Abelardo de la Espriella para un año fiscal completo y lo sacamos adelante tras una larga jornada de debate. Al día siguiente apareció el lío. El artículo 65 quedó con un texto en Senado y otro distinto en Cámara, y ya no había tiempo para conciliar, pues el plazo de la norma orgánica presupuestal había expirado.
En la Cámara se incluyó una proposición, convencidos que en Senado se había incluido, cuando en verdad allí dicha proposición se había retirado. Conforme al artículo 59 del Decreto 111 de 1996, el Gobierno no tuvo otra opción que expedir el Decreto 1599 de 2026 con el texto aprobado en primer debate, que quedó en firme: los mismos 634,9 billones; 391 para funcionamiento, 155 para deuda y 88 para inversión. Educación recibirá 93; salud, 81,6, con 2 billones que se le sumaron en primer debate; defensa, 74,9; trabajo, que carga con las pensiones, 67,4; transporte, 21,7, y vivienda, cerca de 7,4. ¿Qué se perdió? Las plenarias habían recortado casi 11 billones del pago de la deuda para llevarlos a otros rubros, y eso se cayó con el decreto. Quedaron por fuera 3 billones más para salud, 3 billones para subsidios de luz y gas, 100.000 millones para aliviar los intereses del ICETEX, 7.000 millones para programas como Colombia Mayor y algo más de 4 billones para las regiones. En el Congreso haremos gestión para recuperar esos recursos con adiciones y traslados.
El rubro de servicio a la deuda, que creció 54,7 %, pasando de 100,5 a 155,4 billones, es la cifra que más preocupa. Solo en intereses se van 94,4 billones, y la Contraloría calcula que eso equivale a la tercera parte de lo que el país espera recaudar en impuestos. En plata blanca: de cada tres pesos que pagamos en impuestos, uno se va en intereses. Esa es la cuenta que dejó el gobierno Petro, que gastó y se endeudó sin freno durante cuatro años. Por eso el decreto, aun con lo que se perdió, deja un mensaje serio: los pagos a los acreedores quedan completos, sin aplazamientos que después saldrían más caros.
El paso que sigue es la ley de rescate, que busca recortar cerca de 45 billones de gasto y que se espera se radicaría la primera semana de noviembre. Allí el gobierno De la Espriella demostrará con creces que llegó a ordenar las finanzas de la nación. Mi compromiso es apoyar los recortes sobre burocracia y defender, en cada debate, el dinero de la salud, la educación, los subsidios y, especialmente, el dinero de las regiones.
