El presidente aseguró que el Estado no asumirá las deudas de las EPS quebradas y pidió al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda avanzar en su liquidación. La directriz reabre el debate sobre el futuro de siete entidades intervenidas y sobre el impacto que una medida de ese tamaño tendría en más de 12 millones de afiliados.
“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas” Presidente Gustavo Petro
En medio de un nuevo capítulo de la crisis del sistema de salud, el presidente Gustavo Petro lanzó una de sus declaraciones más contundentes sobre el futuro de las Entidades Promotoras de Salud. Durante el consejo de ministros del lunes 16 de marzo de 2026, el mandatario dijo: “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas”. La instrucción, dirigida al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, quedó ligada al fracaso de la reforma a la salud en el Congreso y al bloqueo judicial reciente contra el decreto que buscaba reorganizar el traslado de millones de usuarios entre EPS.
La frase no pasó inadvertida. No solo por el tono de cierre que usó el presidente, sino porque toca uno de los puntos más sensibles del sistema: quién responde por las deudas acumuladas por las EPS y qué ocurrirá con los pacientes si varias de esas entidades salen del mercado al mismo tiempo. Petro sostuvo que sería fiscalmente inconveniente que el Gobierno asumiera esos pasivos y reiteró que el Estado no debe cubrir obligaciones privadas. En intervenciones previas ya había dicho: “Nosotros no tenemos por qué pagar las deudas privadas de los dueños privados de las EPS” y también había advertido que destinar más recursos a cubrir esos saldos llevaría a “la inestabilidad total de las finanzas públicas”.
El anuncio llega tras el revés de la reforma y una decisión judicial
La nueva orden del presidente se conoció después de que insistiera en que el Congreso no aprobó su reforma a la salud y de que anunciara que volverá a radicarla el próximo 20 de julio. A eso se suma otro hecho de alto impacto: el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que buscaba trasladar a millones de afiliados entre EPS, una medida que, según el fallo, podía comprometer la libre elección de los usuarios y poner en riesgo la continuidad de la atención, especialmente por la presión que recaería sobre la Nueva EPS.
Ese contexto explica por qué las palabras del jefe de Estado fueron leídas como una señal política y administrativa a la vez. Por un lado, reafirman que el Gobierno no cambiará de línea frente al modelo de aseguramiento.
Las siete EPS que quedarían más expuestas
Tras la declaración presidencial, la atención se concentró en las EPS intervenidas que, salvo la Nueva EPS, serían las primeras en quedar bajo la lupa de una eventual liquidación. Los reportes conocidos este 17 de marzo señalan a estas siete entidades y su número aproximado de afiliados: Famisanar, con 2,9 millones; Coosalud, con 3,2 millones; Asmet Salud, con 1,8 millones; Emssanar, con 1,7 millones; Savia Salud, con 1,6 millones; Servicio Occidental de Salud (SOS), con 750.000, y Capresoca, con 170.000 usuarios. En conjunto, suman cerca de 12,12 millones de personas potencialmente afectadas por una eventual liquidación.
La cifra crece si se incluye a la Nueva EPS dentro del universo de entidades intervenidas. Distintos reportes ubican a ocho EPS bajo administración estatal, con una bolsa cercana a 23 millones de afiliados, aunque el foco inmediato del debate público se ha concentrado en siete de ellas, precisamente porque la Nueva EPS ha sido tratada aparte por su tamaño y por el rol que el Gobierno le venía asignando en la reorganización del sistema.
Qué puede pasar con los usuarios
El punto más delicado de la discusión no es solo la legalidad de liquidar EPS, sino la capacidad real del sistema para absorber a millones de pacientes trasladados. En Colombia, cuando una EPS es liquidada, sus afiliados son reasignados a otras entidades que operen en sus regiones. Lo que podría ocasionar congestión, demoras en tratamientos y la entrega de medicamentos.
El trasfondo financiero de la orden presidencial
La posición de Petro parte de una idea que ha repetido varias veces: el Estado no debe usar recursos públicos para cubrir deudas privadas de las EPS. La discusión se conecta con el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos con los que se financia la atención de los afiliados. El presidente ha cuestionado que parte de esos dineros se use para pagar pasivos viejos, y por eso ha insistido en que, si una EPS está quebrada, “es mejor que se liquide”. No obstante, expertos recuerdan que un concepto del Consejo de Estado sobre la UPC abrió la posibilidad de usar esos recursos para obligaciones de años anteriores, pero no impuso esa destinación como una obligación automática.
¿Cuándo iniciará el proceso?
Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado el cronograma, el mecanismo ni las condiciones específicas bajo las cuales se ejecutarían las liquidaciones anunciadas por el presidente. Tampoco ha precisado públicamente si se trata de una directriz inmediata para todas las EPS en crisis o de una señal general para las entidades intervenidas que no logren corregir sus indicadores financieros y de habilitación. Esa falta de precisión es una de las razones por las que el anuncio ha generado reacciones tan fuertes en distintos sectores del sistema.
Qué ha dicho Acemi
Acemi, el gremio que agrupa a varias aseguradoras del sistema, cuestionó la falta de claridad de la directriz presidencial y advirtió sobre el riesgo para la atención de millones de personas. Su presidenta, Ana María Vesga, dijo que las EPS intervenidas acumulan un patrimonio negativo cercano a 14 billones de pesos y sostuvo que, aunque jurídicamente podrían liquidarse si no corrigen sus indicadores, hoy no existiría capacidad suficiente en otras EPS para recibir a toda esa población. También alertó que “el sistema no aguanta ese movimiento” y calificó la situación como un riesgo para la estabilidad del sistema y para la continuidad de los servicios de salud.
