El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido una preocupante advertencia sobre el incremento de eventos relacionados con el riesgo de desplazamiento forzado en Colombia.
Desde el inicio del año hasta la fecha actual, la institución nacional de derechos humanos ha registrado un total de 73 eventos, marcando un aumento significativo en comparación con los 43 eventos registrados en el mismo período del año anterior.
Este aumento alarmante se ve respaldado por el registro de más de 35 eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando a aproximadamente 12.000 personas, especialmente en la región del Pacífico colombiano.
Camargo Assis enfatizó la necesidad de una acción urgente por parte del Gobierno Nacional, instando a una colaboración estrecha con los entes territoriales y las fuerzas de seguridad del país. Esta cooperación es vital para salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, incluyendo el derecho a la vida, seguridad y libre movilidad, entre otros.
«La emisión de las Alertas Tempranas de la Defensoría ha sido útil para prevenir centenares de hechos generadores de desplazamiento. “Y nuestro sistema de Alertas Tempranas, ahora mismo, de acuerdo con el monitoreo permanente hecho en los territorios, nos alerta sobre eventos de riesgo de desplazamientos forzados”, señaló Carlos Camargo Assis.
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El conflicto armado interno sigue siendo un factor desencadenante de estos desplazamientos, con grupos armados ilegales aprovechando el vacío generado por el cese al fuego bilateral para expandir su influencia y control territorial.
El Defensor del Pueblo también hizo hincapié en la importancia de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, la cual ha sido crucial en visibilizar la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y sentar las bases para una respuesta estatal integral.
“Es imperativo un trabajo conjunto con las entidades del orden territorial, pues el principal fin tiene que radicar en la protección de la población civil, de sus derechos a la vida, la seguridad, la libre movilidad, entre otros”.
A pesar de los avances, miles de colombianos siguen viviendo en condiciones de desplazamiento, enfrentando desafíos diarios y violaciones a sus derechos fundamentales. Camargo Assis instó a garantizar políticas públicas responsables, inclusivas y sensibles a las necesidades de las personas desplazadas.
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La Defensoría del Pueblo ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos humanos, brindando apoyo a la población desplazada y exigiendo reparaciones justas para las víctimas.
El llamado a la acción es claro: Colombia necesita una respuesta coordinada y efectiva para abordar el creciente riesgo de desplazamiento forzado y proteger a su población vulnerable.
