La isla de Providencia y Santa Catalina se enfrenta a una grave crisis ambiental debido a la acumulación de escombros y basura, poniendo en peligro la salud pública y el equilibrio ecológico de la región.
A pesar de las advertencias y órdenes judiciales, las autoridades competentes no han logrado gestionar adecuadamente los desechos generados por el huracán Iota en noviembre de 2020.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente tras constatar la situación durante una reciente visita a la zona. El Defensor del Pueblo señaló que la falta de acción por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía local para cerrar definitivamente los terrenos utilizados como depósitos temporales de escombros ha exacerbado la problemática.
“En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, evidenciamos cómo lo que está sucediendo se está convirtiendo en una problemática ambiental. Por tal razón, le solicitamos al Gobierno Nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la honorable Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia”, señaló el Defensor del Pueblo.
La acumulación de residuos sólidos está generando contaminación ambiental, dañando los ecosistemas locales y provocando serios problemas de salud pública debido a la proliferación de vectores. Los habitantes locales se sienten «inundados de basuras» y exigen una pronta solución a esta crisis.
A pesar de las órdenes judiciales emitidas tanto en 2022 como en 2023, las autoridades no han logrado cumplir con la evacuación adecuada de los desechos. La falta de gestión y planificación ha llevado a que las áreas afectadas se conviertan en vertederos a cielo abierto.
“En la reciente visita a los territorios afectados, durante la primera semana de marzo, nuestros funcionarios de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente constataron la grave afectación socioambiental generada por la acumulación de residuos y basuras en las islas, es decir, el incumplimiento de las órdenes”, manifestó Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a todas las entidades involucradas a nivel nacional, departamental y municipal para unir esfuerzos y articular acciones con el fin de evacuar de manera inmediata y definitiva los residuos sólidos y escombros que amenazan la salud y el bienestar de los habitantes de las islas, así como de los turistas nacionales y extranjeros.
Además, se destaca la importancia de una adecuada disposición de los residuos durante la construcción de un nuevo proyecto habitacional que está por iniciar en la zona. Una vez finalizado este proyecto, es fundamental garantizar la evacuación definitiva de los escombros para evitar empeorar la situación ambiental y de salubridad pública en las islas.
