Durante el ‘Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial’, organizado por la Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo presentó un informe detallado sobre las barreras que enfrentan las mujeres al momento de denunciar tras ser víctimas de violencia, además reveló cifras alarmantes de agresiones registradas en los dos primeros meses del año.
Según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, se han conocido 1310 casos de violencia contra las mujeres en los dos primeros meses de 2024. Entre estos casos, 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a intentos de feminicidio y nueve a víctimas de feminicidio. Estas cifras reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de abordar con urgencia este problema.
Una de las principales barreras identificadas por la entidad es el vencimiento de términos en casos de feminicidio, lo que puede llevar a la liberación de agresores antes de que se haga justicia. Además, la escasa implementación de servicios como casas refugio y casas albergue deja desprotegidas a muchas mujeres, especialmente aquellas en riesgo de feminicidio.
El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, también resaltó que el “Déficit» de Comisarías de Familia, ponen en riesgo a las mujeresm ya que estas juegan un papel fundamental, ya que son «La entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”.
También destacó la importancia de fortalecer la presencia institucional y aplicar sanciones ejemplarizantes para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, subrayó la necesidad de un mayor enfoque de género en todas las instancias del Estado para abordar eficazmente la violencia contra las mujeres.
Es fundamental que toda la institucionalidad se comprometa a rechazar cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia. La Defensoría del Pueblo continuará trabajando para brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género y para promover políticas que garanticen su protección y bienestar en el país.
