La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana para la subregión del Pacífico Norte del Chocó, donde los residentes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí enfrentan un grave riesgo debido al repliegue y fortalecimiento de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN.
La situación se ha vuelto crítica, con confrontaciones bélicas que han resultado en desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado de menores, homicidios selectivos, masacres y violencia basada en género.
Además, se han reportado vulneraciones a las cosmovisiones de los grupos étnicos, exacerbando la crisis humanitaria en los territorios habitados por comunidades negras, afrocolombianas e indígenas.
“La posición geográfica de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó es privilegiada por su salida al océano Pacífico y por comunicarse con el vecino país de Panamá; adicionalmente, por los caminos ancestrales que conectan con algunas poblaciones que pertenecen a las subregiones del Darién y del Atrato. Por esas zonas es que se movilizan los grupos armados al margen de la ley, y lo hacen para traficar armas provenientes de Panamá, traficar migrantes, así como para traficar cocaína, comercializarla y embarcarla con rumbo a mercados del Pacífico”, explica el Defensor del Pueblo.
La falta de presencia institucional en gran parte de estos territorios agrava la situación, con deficiencias en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, salud, educación y vivienda.
La alerta emitida por la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo principal prevenir y proteger a la comunidad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se han formulado recomendaciones para contener el riesgo y garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, tanto en las áreas urbanas como rurales.
Es imperativo que las autoridades gubernamentales tomen medidas inmediatas para abordar esta crisis humanitaria y proteger a las comunidades afectadas.
