En una histórica decisión la Corte Constitucional decidió disminuir el número de semanas cotizadas para que las mujeres en Colombia puedan pensionarse. el beneficio comenzará a regir gradualmente desde el 2026.
Luego de estudiar una demanda que planteaba reducir el número de semanas para que la población femenina del país pudiera acceder a la jubicación, el Alto Tribunal precisó que en esa materia debía tenerse en cuenta el enfoque de género.
La norma establecía que hombres y mujeres debían cotizar 1.300 semanas para la pensión, pero establecía una diferencia en la edad de jubilación de los hombres en 62 años y la de las mujeres en 57.
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En tal virtud, la Corte Constitucional determinó que para que una mujer se pensione en nuestro país deberá cotizar 1.000 semanas y no 1.300 semanas como estaba dispuesto en el actual sistema pensional. Además ordenó al Congreso legislar sobre el asunto durante los próximos dos años, con el fin de de regular la decisión y si no lo hace, la misma entrará a regir de manera automática.
«Ahora bien, y en atención a la necesidad de atender el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, se estableció que los efectos de la decisión se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026, por cuanto si para esa fecha no se ha adoptado dicho régimen, se dispuso por la Corte que el número de semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas por el año 2026 y, a partir del 1° de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas», establece la decisión de la Corte Constitucional.
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La Corte agregó que «ante la evidencia de barreras y obstáculos para que las mujeres accedan y se mantengan en el mercado laboral y puedan garantizar su derecho pensional, así como las condiciones de inequidad que experimentan las mujeres en la economía del cuidado, la informalidad, la vulnerabilidad y la exclusión, se exhortó al Congreso y al Ejecutivo para que adopten políticas y programas complementarios a la política pública pensional, que contribuyan a cerrar la brecha en la equidad de género, en especial, en lo referente al reconocimiento de la economía del cuidado y a la necesidad de proteger socialmente a quienes la ejercen».
